Chile enfrenta una paradoja hídrica que ya no admite diagnósticos superficiales ni soluciones parciales. En el contexto del Congreso ACADES 2026, la discusión sobre el agua dejó de ser exclusivamente técnica para convertirse en un imperativo político, social y ético. El país, reconocido por su diversidad geográfica extrema, es también uno de los más vulnerables al estrés hídrico, una condición que no solo amenaza la productividad, sino también la cohesión social y la sostenibilidad de largo plazo.
El agua en Chile no es simplemente un recurso: es un eje estructurante del desarrollo. Desde la minería en el norte hasta la agricultura en la zona central, pasando por el consumo urbano y la generación eléctrica, su disponibilidad condiciona decisiones estratégicas. En términos aproximados de distribución del uso del agua: Antofagasta (60%, 27%, 12%, 0%); Región Metropolitana (2%, 44%, 47%, 2%); y Los Lagos (0%, 70%, 20%, 8%) muestra la diversidad de tipos de uso en distintas regiones. Sin embargo, la prolongada sequía en Chile —que algunos ya denominan “megasequía”— ha expuesto las debilidades de un modelo de gestión fragmentado, donde la sobreasignación de derechos, la falta de información integrada y la débil fiscalización han contribuido a un escenario crítico. Esto afecta directamente a la generación hidroeléctrica.
Uno de los consensos más relevantes del Congreso ACADES 2026 es que la crisis hídrica en Chile no es solo efecto del cambio climático antropogénico, sino también de carácter institucional. La gobernanza del agua requiere una transformación que supere la lógica sectorial y avance hacia una gestión integrada de cuencas. Esto implica no solo coordinación entre actores públicos y privados, sino también la incorporación efectiva de las comunidades locales y pueblos originarios, quienes han sido históricamente marginados de la toma de decisiones. Asimismo, es necesario perfeccionar los mecanismos de evaluación y resolución de controversias, evitando distorsiones que puedan obstaculizar el desarrollo de infraestructura crítica (como la “industria de las querellas”). En este contexto, debiera evaluarse la priorización de derechos de servidumbre de paso para acueductos.
En este sentido, la tecnología aparece como una aliada indispensable, pero no suficiente. La desalación de agua de mar, la reutilización de aguas residuales y la digitalización de redes son herramientas clave, pero su implementación debe estar acompañada de marcos regulatorios claros y de una planificación territorial coherente. La innovación, por sí sola, no resuelve inequidades ni corrige fallas estructurales. En términos referenciales, la desalación y el reúso pueden requerir menos de 3 kWh/m³, con costos cercanos a los 250 $/m³.
Otro aspecto central abordado en el Congreso fue la necesidad de cambiar la cultura del agua. Chile ha operado durante décadas bajo una lógica de abundancia relativa que ya no existe. Hoy, la eficiencia en el uso del recurso no es una opción, sino una obligación. Esto implica revisar prácticas productivas, hábitos de consumo y, sobre todo, la forma en que se valoriza el agua en la sociedad. No se trata únicamente de tarifas o incentivos económicos, sino de construir una conciencia colectiva sobre su carácter finito.
La relevancia del agua también se expresa en su dimensión política. La discusión constitucional reciente dejó en evidencia que el acceso al agua es percibido como un derecho fundamental, pero con menor énfasis en los deberes fundamentales asociados a su uso responsable. Aunque los mecanismos para garantizar este derecho siguen en debate, existe un acuerdo transversal en que el Estado debe asumir un rol más activo en su protección y distribución equitativa. Este cambio de paradigma tensiona el modelo vigente, pero al mismo tiempo abre una oportunidad para redefinir prioridades.
Queda claro que Chile se encuentra en un punto de inflexión. La crisis hídrica no es un problema del futuro, sino una realidad presente que exige decisiones urgentes, con soluciones concretas en años y no en décadas. Si bien persisten brechas en voluntad política y capacidad de implementación, también es necesario reconocer los avances logrados, particularmente en desalación de agua de mar. Aquí se requiere agua desalada que necesita energía eléctrica, y tenemos condiciones favorables, dada la abundancia de energías renovables disponibles en esa zona.
El agua, en definitiva, es mucho más que un recurso: es un factor de estabilidad, desarrollo y justicia. Ignorar su relevancia o postergar las reformas necesarias no solo agravará la crisis, sino que comprometerá el futuro del país. Chile tiene la oportunidad —y la responsabilidad— de transformar su relación con el agua. La pregunta ya no es si lo hará, sino que quién, cuándo y cómo. Necesitamos un amplio Plan de Acción Agua.