Pivotes es un laboratorio de políticas públicas que fue fundado en 2021 por Bernardo Larraín Matte. Como institución, se propone promover y conectar con la ciudadanía, los líderes de opinión y la política, aquellas políticas públicas y soluciones privadas que contribuyan a renovar tres pilares fundamentales del proyecto país que está emergiendo: una fortalecida base común de derechos sociales, un renovado ciclo de progreso equilibrando la economía y la naturaleza, y un nuevo impulso de modernización del Estado y del sistema político.
En los últimos meses, hemos desarrollado una intensa campaña en este tema, coronada con la presentación de una Iniciativa Popular de Norma, “Por un Estado sin Pitutos”, que consiguió más de 18 mil firmas y que será discutida en el Consejo Constitucional; de ser aprobada por tres quintos de los consejeros, la normativa -que busca limitar los cargos de confianza, crear una Agencia de Calidad de las Políticas Públicas e incentivar la digitalización- pasará a formar parte de la propuesta constitucional.
Esta caja de pandora de las fundaciones, ¿era un tema que se veía venir?
Los espacios que se prestan para opacidades en el sector público habitualmente dan pie a malas prácticas y aprovechamiento de los fondos públicos. En ese sentido, el denominado “caso convenios” apunta más en esa línea que en un escenario que genere desconfianza general de la labor de las fundaciones. Muchas de estas instituciones cumplen roles cruciales desde la sociedad civil para apoyar al Estado, por lo que el foco debe estar en cómo desalentar las posibles malas prácticas sin castigar a quienes han hecho bien el trabajo.
¿Cuál es su sugerencia para ordenar y regular el funcionamiento de las fundaciones?
Creemos que el “caso Convenios”, destapado después de que se conociera la situación de la fundación Democracia Viva, debe ser una oportunidad para ir al fondo del problema, que no son las fundaciones, sino que la amplísima discrecionalidad que cada gobierno de turno tiene para nombrar miles de funcionarios de confianza. Un Estado más profesional y meritocrático, donde los cargos no dependan de amiguismos ni contactos, sino que de una selección mediante concurso, sería un fuerte disuasivo para que ocurran asignaciones “a dedo” de fondos que puedan interpretarse con finalidades políticas.
Por Ley de transparencia, ¿debería quedar en evidencia el servicio que brindan las fundaciones, quien lo recibió y el problema que atendieron? En la actualidad, ¿se conoce está información?
Sin duda que, ante episodios como el ocurrido con el “caso convenios”, se abren debates sobre cuáles debieran ser los estándares de transparencia de todos los actores involucrados. En esa línea, aparece como razonable que las fundaciones que perciben fondos públicos tengan estándares más altos y reforzados, con el fin de resguardar el correcto uso de los recursos. Sin embargo, es relevante insistir en que el problema central a abordar no está en las fundaciones, sino en las limitaciones de un Estado que no se ha modernizado a la velocidad que debiera haberlo hecho y que cuenta con un altísimo número de puestos discrecionales de confianza política.
¿Con qué indicadores se evalúa el desempeño de las fundaciones?
Las fundaciones tienen naturalezas distintas entre sí. Por lo tanto, proponer un único indicador que permita evaluar su desempeño podría terminar generando comparaciones incorrectas y erróneas. Con todo, es posible que, entre los puntos relevantes a acordar en la discusión que actualmente se da a partir del “caso convenios” para aquellas fundaciones que utilizan fondos públicos con fines específicos, se puedan establecer puntos de referencia más claros que permitan establecer indicadores generales de control que ayuden a detectar más rápidamente si es que alguna de estas instituciones no está cumpliendo con lo acordado.