Los incendios forestales que azotan Chile han dejado un rastro de devastación, con consecuencias desgarradoras que van desde la pérdida de vidas humanas hasta la destrucción masiva de infraestructura. Ante esta tragedia, surge una pregunta inevitable: ¿quién es responsable de todo este daño, quién paga el precio de la negligencia y la falta de prevención?
La participación de múltiples entidades y organismos gubernamentales en la gestión y prevención de desastres, como el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) y la Corporación Nacional Forestal (Conaf), plantea interrogantes sobre la efectividad de sus acciones y la coordinación de sus esfuerzos. El reciente oficio del diputado Andrés Celis al Senapred revela la confusión y la falta de claridad en los procedimientos de evacuación, lo que ha llevado a una mayor confusión y caos durante las emergencias.
La tardía orden de evacuación y la deficiencia en la mensajería del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) han generado críticas y demandas de claridad por parte de los residentes afectados. La falta de información adicional en los mensajes de alerta, la ausencia de indicaciones sobre rutas de evacuación y la confusión geográfica han contribuido a la magnitud de la tragedia.
En este contexto, es crucial examinar las responsabilidades de todas las partes involucradas: desde las autoridades gubernamentales hasta las municipalidades locales, pasando por las propias familias que construyen en áreas de alto riesgo. ¿Quién asume la responsabilidad por la falta de planificación urbana y por permitir la construcción en zonas vulnerables a los incendios forestales?
Además de la identificación de responsabilidades, es fundamental abordar la cuestión de quién paga los costos de esta tragedia. ¿Quién compensa a las víctimas por las pérdidas materiales y humanas? ¿Quién financia la reconstrucción de las áreas afectadas y la implementación de medidas preventivas?
En términos de medidas preventivas, es necesario un enfoque integral que involucre la participación activa de todas las partes interesadas. Desde la elaboración de planos que identifiquen claramente las zonas de riesgo hasta la implementación de estrategias de prevención y mitigación, se requiere una acción coordinada y decisiva para proteger a las comunidades y al medio ambiente.
En medio del desolador panorama, surge la necesidad urgente de reconstruir y revitalizar las comunidades afectadas. La reconstrucción no solo implica la restauración de infraestructura y viviendas, sino también la recuperación del tejido social y económico. Es crucial que las autoridades, las organizaciones civiles y la sociedad en su conjunto se unan en un esfuerzo coordinado para reconstruir lo que se ha perdido y fortalecer la resiliencia frente a futuros desastres. Solo mediante una colaboración comprometida y una visión a largo plazo podemos transformar la tragedia en una oportunidad para construir un Chile más fuerte, seguro y sostenible para las generaciones venideras
Es tarea de todos evitar que los incendios forestales se transformen en incendios urbanos. Leer más