En el último Summit Futuro Sustentable 2026 tuvimos un excelente debate sobre la descarbonización o desfosilización de nuestra Canasta Energética. Eso significa que no sólo tenemos que retirar el carbón de la matriz eléctrica, sino que tenemos que sacar los combustibles fósiles importados que hoy constituyen el 64% de nuestra Canasta Energética de consumo energético final, y que causaron un gasto de entre USD 22.000 millones y USD 14.000 millones en los últimos años. Ante el planteamiento de que “tenemos que electrificar todo” vale cuantificar el esfuerzo necesario para avanzar en la electromovilidad. La electrificación del transporte se ha instalado como una de las banderas más visibles de la transición energética en Chile. Buses eléctricos, autos cero emisiones y promesas de corredores logísticos limpios dominan el relato. Sin embargo, cuando se pasa del entusiasmo a los números, surge una realidad más exigente: avanzar en serio requiere priorización, escala y decisiones de política pública mucho más finas y aterrizadas.
El transporte representa cerca de un 25% de las emisiones de gases de efecto invernadero del país. Reducir apenas un 1% de las emisiones totales implica intervenir aproximadamente un 4% de las emisiones del sector. Incluso ese objetivo acotado exige electrificar del orden de un 5% a 7% del parque vehicular. En términos absolutos, esto equivale a cerca de 300.000 a 450.000 vehículos en Chile (hasta el momento vamos en unos 15.000).
La magnitud de inversión es significativa. Electrificar un 10% del parque de vehículos livianos —unos 600.000 autos— implica inversiones del orden de USD 18.000 millones, asumiendo costos promedio cercanos a USD 30.000 por unidad. A esto se suman los vehículos pesados: un bus eléctrico puede costar entre USD 250.000 y USD 400.000, mientras que un camión eléctrico puede superar los USD 400.000. Incorporar solo 10.000 buses y 20.000 camiones eléctricos podría añadir otros USD 10.000 millones a USD 15.000 millones. En conjunto, una estrategia parcial de electrificación puede escalar rápidamente hacia los USD 30.000 millones, sin considerar aún infraestructura de carga ni refuerzos de red de distribución que típicamente agregan un 15% adicional.
Pero el desafío no es solo financiero, también es energético. Electrificar un 6% del parque vehicular implicaría sustituir del orden de 1.500 a 2.000 millones de litros de combustibles fósiles al año, lo que a su vez demandaría aproximadamente entre 4 y 6 TWh adicionales de electricidad anual. Esto equivale a los vertimientos actuales de energía renovables que el 2025 llegaron a cerca de 6 TWh. No es marginal: requiere planificación en transmisión y distribución, ya que el año 2025 consumimos unos 82 TWh con un crecimiento de sólo el 0,4%, consumo eléctrico, que viene bajando desde el 2022.
Aquí es donde la política pública debe corregir el foco. No todos los vehículos son iguales. Un camión de alto kilometraje puede consumir más de 18.000 litros de diésel al año, mientras que un auto particular promedio consume menos de 1.200 litros. En otras palabras, electrificar un solo camión puede tener el mismo impacto que electrificar más de 10 autos. De forma similar, un bus urbano intensivo puede reemplazar múltiples viajes individuales, multiplicando su efecto en reducción de emisiones.
Sin embargo, gran parte de la discusión sigue centrada en el vehículo privado, donde el impacto por dólar invertido es considerablemente menor. Si el objetivo es climático, la estrategia debería invertirse: priorizar flotas intensivas como transporte público y carga, donde cada unidad electrificada maximiza la reducción de emisiones y el uso de la infraestructura de carga. Chile tiene una ventaja estructural: una matriz eléctrica cada vez más renovable, lo que permite reducciones reales de emisiones al electrificar. Pero esa ventaja no garantiza resultados. Sin una estrategia clara, existe el riesgo de movilizar miles de millones de dólares para lograr reducciones marginales.
La transición no es solo tecnológica, sino institucional. Requiere coordinación entre sectores, señales de precio coherentes y foco en eficiencia del gasto público y privado. Electrificar el transporte en Chile no es simplemente una cuestión de cuántos vehículos se reemplazan, sino de cuáles se reemplazan primero. Menos épica y más estrategia puede no ser un lema atractivo. Pero es exactamente lo que la política pública necesita si la electrificación del transporte quiere ser algo más que una promesa.