En Chile enfrentamos desastres derivados de eventos naturales o antrópicos que nos vulneran y desarrollamos continuamente capacidades para enfrentarlos. Tanto como sociedad como Estado, somos conocidos en la Región latinoamericana, por nuestra solidaridad.
Al profundizar en lo que hacemos bien y dónde debemos mejorar, es evidente que hay una falla en la fiscalización y en garantizar capacidades técnicas a escala local para hacer cumplir las normas.
Este marco es vital cuando se prioriza en las personas afectadas que pierden la vida o sus viviendas, ya que ellos han cumplido con un marco legal vigente dado por la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción.
Entonces,
¿Por qué seguimos en riesgo?,
¿Porque de un momento a otro un incendio, una lluvia extrema genera tanto daño?.
Es esencial buscar responder estas preguntas como sociedad y como Estado para ir fortaleciendo nuestro marco legal de cómo crear un hábitat seguro,
¿Son suficientes las medidas regulatorias que se están adoptando para habitar?,
¿Existe planificación integrada a la gestión de riesgo de desastre?
¿Están funcionando los instrumentos de planificación territorial, con mapas de riesgo actualizados? Nos superan eventos extremos recurrentes, la contingencia, la emergencia y no alcanzamos a reponernos de un evento, cuando llega el siguiente. Bajo este escenario, el desarrollo de capacidades resulta trascendental, todos podemos ser piezas clave positivas en el sistema, más que espectadores críticos de lo que deben hacer las autoridades. Si tomamos como ejemplo los últimos acontecimientos en Penco y Tomé, una vez más se pone a prueba la gestión del Estado, de la industria y de las organizaciones de ayuda humanitaria y la solidaridad de quienes van en ayuda de los afectados que, cada vez muestran más coordinación, pero…, hay más por hacer, hay que esforzarse por hacer las cosas bien. Parte de industria de la madera, proveedora de viviendas de emergencia está entregándolas bajo los nuevos estándares aprobados, que se ha logrado, entre otras cosas, para sacarse de encima el desprestigio de la precariedad de las viviendas de madera, pero se requiere aún mejorar diseños, instalación, plazos, proveedores, es decir toda la cadena logística requiere y puede perfeccionarse, por respeto a quienes lo demandan. No es posible que lleguen a terreno piezas dañadas y se instalen sin que se fiscalice su estado, si se establecen estándares mínimos, deben cumplirse y no instalar productos no conforme, eso deja mal al responsable y disconforme a quienes deben habitarla. Se debe atender a estos clientes de la misma forma que a clientes de viviendas de, por ejemplo, 600 metros cuadrados. Parece estar fallando la supervisión en obra que, al estar bajo responsabilidad de terceros, se diluye y nadie responde. A mayor escala, en la reconstrucción podría pasar lo mismo, es un desafío cumplir de la mejor forma, los estándares están para eso y más allá de la fiscalización hay que mostrar orgullo institucional por cumplir, hay que demostrar capacidad de autocrítica para ir mejorando, detectar las fallas y corregir e implementar la existencia de ITOs (por algo se usan en muchas obras) para supervisar la instalación, se debe imitar lo que hacen empresas exitosas que envían profesionales a apoyar el buen uso de sus productos en procesos industriales (preservantes, adhesivos, conectores metálicos).
Se podría licitar incluyendo capacidades en terreno, no sólo en los papeles. También pasa en grandes obras, las revisamos en la “Propuesta de divulgación de cumplimiento técnico en obras arquitectónicas en madera para validación en el mercado chileno y publicamos en la revista Informes de la Construcción https://doi.org/10.3989/ic.7178. Los invito a leerla y reflexionar en el propósito de desarrollar confianza en el mercado y demostrar que no importa si son viviendas de emergencia, sociales, o grandes obras, hay que demostrar eficiencia y seriedad en todos productos.