Ya tenemos suficientes problemas de alicaída reputación internacional para inversiones en el sector eléctrico debido a la insolvencia de varias nuevas empresas generadoras de energías renovables (fotovoltaicas y eólicas) por la falta de líneas de transmisión a los centros de consumo eléctrico, las tarifas cero en ciertos horarios del día para el mercado spot a causa de la saturación del sistema, y el consiguiente “vertimiento” de energías renovables a favor de mantener los “mínimos técnicos” de las centrales termoeléctricas necesarias especialmente de noche. Este fue el tema preocupante que abordé en esta columna de opinión del mes de junio de este año.
Ahora el gobierno le está poniendo la guinda a la torta y se fue en contra de las PMGD, las pequeñas y medianas generadoras distribuidas. Las PMGD son centrales de generación con una potencia instalada nominal por debajo de los 9 Megawatts [MW] que pueden alimentar aproximadamente 2.000 empalmes domiciliarios c/u. La gracia es que están distribuidas en el territorio y no requieren conectarse al sistema de transmisión de alta tensión, que ha sido el talón de Aquiles de muchas nuevas plantas generadoras mayores. Son 700 centrales con una potencia instalada en total de 3.047MW, concentradas en los centros de consumo del país con 121 en la Región Metropolitana, 102 en O’Higgins, 98 en Valparaíso y 97 en Maule. A eso hay que sumarle los proyectos PMGD declarados en construcción con un aporte de 1.474 MW adicionales. Las PMGD en total sólo contribuyeron con el 5,51% de la energía eléctrica utilizada durante el 2023.
El punto es que estas pequeñas centrales pueden vender su energía eléctrica a un “precio estabilizado” definido por la Comisión Nacional de Energía, CNE. Si el costo marginal de la electricidad (el precio del mercado spot) es menor al precio estabilizado, las grandes empresas generadoras pagan a las PMGD una compensación. Si el costo marginal es mayor al precio estabilizado las PMGD deben pagar la diferencia a las grandes generadoras. Entre el 2018 y el 2022 las compensaciones acumuladas llegaron a USD 28 millones, pero entre el 2023 y el 2024 las compensaciones acumuladas subieron a USD 346 millones, lo que ha desatado quejas de voceros de las generadoras porque esos pagos se reflejan en un aumento de los costos sistémicos (indirectos) de las tarifas. Este precio estabilizado permitió la “bancabilidad”, el financiamiento de estos pequeños proyectos, y se crearon muchos emprendimientos locales. Con los años algunos de estos proyectos han sido comprados por inversionistas extranjeros, lo que ha desatado alarmas políticas, porque parte de las compensaciones pagadas van a dar a esos grupos extranjeros, y eso es un pecado mortal ideológico.
El tarifazo: Debido al descongelamiento de las tarifas eléctricas, el gobierno había querido subvencionar a los consumidores vulnerables, pero políticamente se le ha pedido al Ministro de Energía que busque nuevos fondos para subvencionar a mucho más hogares frente al alza necesaria después de ese engaño colectivo de casi cinco años con tarifas congeladas. Vivimos felices en un mundo de fantasía, como si en el mundo no hubiese guerras, no haya habido aumento en los precios de los combustibles desde el 2019, no haya devaluación del peso, y no haya habido inflación. Cabe recordar que este tarifazo se originó por un problema político, y que el sector eléctrico tuvo “mala suerte” con requerir un aumento del 9% en las tarifas eléctricas en pesos [$/kWh] dos semanas después del estallido social, Con ello un problema político se convirtió en un problema económico en un sector que no influye en más de un 3% en el valor de la canasta familiar (valoración de la electricidad en el IPC). O sea, le llegó un combo de la nada por estar muy cerca de la pelea.
Ahora para arreglar el problema político (insisto, nunca fue un problema eléctrico) el gobierno vuelve a castigar a este sector de la economía, y busca USD 150 millones para sus crecientes subvenciones, pegándole un garrotazo a las 700 PMGD. Con fin recaudatorio propone una disminución de las compensaciones al precio estabilizado con un recorte entre un 30% a un 40% de sus ingresos. O sea, las reglas fijadas en el DS244 del 2006, y la estabilidad regulatoria que brinda el DS244 del 2020 desaparecerá. El gobierno ganará algunos votos y perderá Chile: cada inversión frenada de USD 1.000 millones hace perder al fisco USD 190 millones en IVA. Esto fue el punto negro del reciente Chile Day en París, en que los ministros Marcel y Pardow, que fueron a buscar inversiones extranjeras, se vieron enfrentados a las duras críticas de los inversionistas. Estas expropiaciones de rentas a las PMGD tendrán un alto costo por el aumento del riesgo país, y ponen en peligro las futuras inversiones no sólo en el sector energético, y peor aún, en nuestra esperanza de contar con un segundo sueldo de Chile, la incipiente industria del Hidrógeno Verde. Ser acusado ante el CIADI por inversionistas extranjeros subiría los costos financieros de largo plazo.