La infraestructura escolar ha sido un tema de constante preocupación en Chile durante el último año. La controversia más significativa surgió a fines de 2023 en Atacama, cuando una paralización de profesores llegó a retrasar el inicio de las clases el año 2024. Las demandas incluían varios aspectos, pero el foco principal fue la mala calidad de la infraestructura: filtraciones de agua, cocinas deficientes, baños insalubres, entre otros problemas críticos.
En agosto, la situación escaló con la Escuela Los Lobos de Talcahuano, donde fuertes lluvias y vientos destruyeron completamente la techumbre. Padres y apoderados ocuparon el establecimiento, exigiendo mejoras urgentes para enfrentar la humedad, el frío y la proliferación de hongos. En septiembre, profesores de un liceo en Valparaíso se unieron a las protestas, demandando soluciones similares.
En todos estos casos, la raíz del problema es clara: una infraestructura antigua y de baja calidad, donde las deficiencias van desde la mala ventilación y el frío hasta la insalubridad causada por filtraciones y drenajes colapsados. La falta de mantenimiento, cuando se extiende durante años, convierte a los colegios en espacios inhabitables, con la consiguiente pérdida de clases.
El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, ha reconocido públicamente la magnitud del problema, señalando en una entrevista en marzo a Emol que la crisis de infraestructura escolar "no es exclusiva de Atacama, es un problema en todo Chile, lo quiero decir con mucha claridad". Esta problemática surge en un momento de transición, iniciado con la Ley de Nueva Educación Pública de 2017, que transfirió la gestión de los colegios desde los municipios a los 70 Servicios Locales de Educación (SLEP) en todo el país. Esta nueva institucionalidad especializada surgió con la promesa de mejorar la gestión y el desarrollo de la educación pública, con la capacidad de planificar inversiones para mejorar el mantenimiento y renovación de la infraestructura.
En cuanto al diseño de nuevos establecimientos, las normativas que regulan la habitabilidad de colegios públicos y privados son limitadas. La infraestructura pública se rige por el DS 548, que establece estándares mínimos de temperatura y ventilación, mientras que la infraestructura privada está regulada únicamente por la Ordenanza General de Construcciones y Urbanización (OGUC), que exige mínimos de acristalamientos y ventanas operables. Sin embargo, se espera un gran avance en 2025 con la actualización del título 4.1.10 de la OGUC, que por primera vez incorporará requisitos de envolvente térmica, infiltraciones de aire y ventilación para edificios educacionales.
El sector público ha logrado avances significativos en el diseño de nuevas escuelas, destacando el Proyecto de Escuelas Rurales de La Araucanía, donde establecimientos como la Escuela Pivadenco y la Escuela Cantino han sido reconocidos por su arquitectura a nivel nacional e internacional. Estos ejemplos demuestran que es posible dignificar la educación a través de una arquitectura bien pensada.
Sin embargo, aunque los nuevos colegios cumplan con los mejores estándares arquitectónicos, la mayoría de los establecimientos existentes requieren mejoras urgentes o, en muchos casos, una completa renovación. Esto demanda grandes recursos financieros y el fortalecimiento de los equipos técnicos encargados de la gestión. Un estudio de la Cámara Chilena de la Construcción (CCHC), titulado "Infraestructura para el Desarrollo Sostenible 2022-2031", estima que se necesitarán 30 mil millones de dólares en inversión durante este período para rehabilitar y ampliar la infraestructura escolar pública en Chile, abarcando niveles preescolares, básicos, medios y técnicos profesionales. Aunque los 72 mil millones de pesos (unos 77 millones de dólares) anunciados por el gobierno para rehabilitar 14 escuelas en Atacama son un paso en la dirección correcta, estos fondos claramente están muy lejos de acercarse a lo que se requiere para cubrir la magnitud de la brecha a nivel nacional.
¿Estamos, entonces, ante una crisis de la infraestructura escolar? Más que una crisis sistémica, enfrentamos señales alarmantes de un problema que, si no se aborda pronto, podría escalar a niveles críticos. El actual gobierno ha lanzado un plan ambicioso para enfrentar el déficit habitacional, con metas claras en cuanto a la construcción de viviendas. Sería esperanzador que un futuro gobierno también asuma el desafío de cerrar las brechas en la infraestructura escolar, para que finalmente podamos decir que ha llegado el tiempo de los niños.