En América Latina, se estima que 46 millones de familias se ven afectadas por un déficit cualitativo de vivienda, viviendo en condiciones de precariedad y expuestas a riesgos sociales, económicos y ambientales. Según un análisis del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) realizado en 2012, para reducir el déficit habitacional en América Latina y el Caribe exclusivamente a través de proyectos de vivienda social impulsados por los gobiernos, sería necesario aumentar la inversión más de siete veces en comparación con los niveles actuales. Esto representaría un gasto aproximado de 310 mil millones de dólares, equivalentes al 7,8% del producto interno bruto regional. Este cálculo evidencia la limitación de los recursos públicos para abordar el problema de manera integral y subraya la importancia de atraer inversión privada, fundamental para expandir la oferta de viviendas asequibles y mejorar las existentes.
En este contexto, las familias latinoamericanas, muchas veces limitadas por recursos, construyen sus viviendas en múltiples etapas a lo largo de décadas, enfrentando sobrecostos y desafíos estructurales. Este proceso perpetúa ineficiencias y resulta en una baja calidad de lo construido. Muchos utilizan sus ahorros y se endeudan para construir hogares que, aunque fervientemente deseados, no son estructuralmente seguros. La necesidad apremiante es: ¿cómo optimizamos las inversiones en vivienda que realizan las familias? ¿Cómo ofrecemos soluciones habitacionales que se construyan en menos tiempo y garanticen calidad? Aquí es donde la inversión de impacto se presenta como una estrategia transformadora, destinada a dinamizar soluciones sostenibles para millones de familias en la región.
El modelo de construcción incremental, también conocido como producción progresiva de vivienda (PPV), está profundamente arraigado en la informalidad. Aproximadamente el 94% de las familias contratan maestros de obra sin certificación profesional, con un tiempo promedio de construcción que supera los 16 años (GRADE, 2024). Esto no solo genera ineficiencias, sino que implica sobrecostos económicos significativos: las viviendas progresivas pueden costar el doble que las construcciones formales. Según datos de GRADE (2024), el costo promedio de una vivienda progresiva es de USD 61,449, en comparación con USD 38,670 para viviendas planificadas eficientemente.
Además de los costos directos, anualmente, la PPV impone una carga económica adicional considerable tanto a las familias como al Estado. Esto incluye la pérdida de productividad laboral, que se estima en USD 2,693 millones anuales, sobrecostos en servicios básicos como agua y electricidad, y un gasto en salud relacionado con condiciones de vivienda inadecuadas, que suma USD 78 millones.
El potencial de la inversión de impacto
La inversión de impacto puede transformar este panorama, promoviendo modelos de Producción Progresiva de Vivienda (PPV) asistida. Este enfoque combina la autonomía de las familias en la construcción de sus hogares con asistencia técnica profesional y acceso a recursos adecuados, introduciendo prácticas seguras y eficientes que minimizan errores constructivos y el uso ineficiente de materiales. Además, facilita la planificación a largo plazo y la incorporación de tecnologías sostenibles. Con tales mejoras, los sobrecostos anuales pueden reducirse hasta en un 69%, representando ahorros significativos para las familias y el Estado.
Los fondos de inversión de impacto, al asumir riesgos iniciales, juegan un papel crucial para atraer capital privado hacia proyectos innovadores. Ejemplos de estas iniciativas no solo mejoran la calidad constructiva, sino que también trabajan hacia la sostenibilidad, contribuyendo a la reducción de emisiones de CO2 en USD 230 millones al año, lo que se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Por tanto, la PPV asistida no solo aborda las deficiencias del modelo tradicional, sino que también ofrece retornos tangibles para los inversionistas, aportando a un impacto social, ambiental y económico positivo.
Sin embargo, para maximizar el impacto de estas inversiones y asegurar su sostenibilidad a largo plazo, es fundamental contar con métricas claras y datos confiables que evidencien los resultados obtenidos. La generación de datos medibles no solo aumenta la confianza de los inversionistas, sino que también promueve una toma de decisiones informadas en políticas públicas y planificación urbana.
Un llamado a la acción
El déficit cualitativo de vivienda no es solo un problema técnico; es una cuestión de equidad y justicia social. La PPV asistida, respaldada por inversión de impacto, representa una oportunidad única para cambiar el paradigma, reduciendo años de precariedad y transformando las viviendas en activos valiosos. De esta manera, podemos construir un futuro donde cada familia tenga acceso a una vivienda digna, asequible y sostenible, mientras aseguramos retornos significativos para quienes apuestan por un impacto real y duradero.