La creación del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SINAPRED), mediante la Ley N.º 21.364, marcó uno de los cambios institucionales más relevantes en la historia reciente de la Gestión del Riesgo de Desastres en Chile. La nueva normativa reemplazó un modelo centrado principalmente en la respuesta por otro que reconoce que el riesgo debe gestionarse antes de que ocurra la emergencia. En este contexto surgieron los Comités para la Gestión del Riesgo de Desastres (COGRID), concebidos como instancias permanentes de coordinación para las fases de mitigación, preparación, respuesta y recuperación.
Su propósito es claro: reunir a las instituciones con competencias en el territorio para analizar amenazas, reducir vulnerabilidades, fortalecer capacidades y coordinar decisiones que disminuyan el impacto de futuros desastres. En otras palabras, los COGRID fueron diseñados para evitar que las emergencias se transformen en catástrofes y no únicamente para administrar sus consecuencias.
Sin embargo, las intensas lluvias e inundaciones registradas recientemente en distintas regiones del país vuelven a instalar una pregunta incómoda: ¿estamos utilizando los COGRID conforme al espíritu de la ley? En muchos casos, las reuniones adquieren mayor visibilidad cuando los ríos ya se desbordaron, los caminos están interrumpidos o las viviendas resultaron afectadas. La coordinación durante la emergencia es indispensable, pero cuando esa es la principal imagen que proyecta un COGRID, es legítimo preguntarse si la prevención está ocupando el lugar que le corresponde.
El problema no parece estar en la legislación. Chile dispone hoy de una institucionalidad moderna, sistemas de monitoreo cada vez más robustos, pronósticos meteorológicos de mejor calidad y organismos técnicos capaces de anticipar escenarios de riesgo con varios días de anticipación. La dificultad radica, muchas veces, en que seguimos operando con una cultura organizacional heredada de los antiguos Comités Operativos de Emergencia, donde la mayor parte del esfuerzo comienza cuando el evento ya está en desarrollo.
La prevención exige una lógica distinta. Un COGRID efectivo no puede reunirse únicamente cuando existe una alerta; debe mantener un funcionamiento permanente durante todo el año. Debe analizar información territorial, revisar mapas de amenazas, monitorear el cumplimiento de medidas de mitigación, evaluar vulnerabilidades críticas y coordinar acciones preventivas entre municipios, servicios públicos, empresas de infraestructura, universidades y organizaciones comunitarias. La reducción del riesgo no se construye durante una emergencia, sino mucho antes de que ésta ocurra.
También resulta indispensable fortalecer el componente técnico de estas instancias. Las decisiones deben sustentarse en evidencia y no únicamente en la experiencia o la percepción. La información proveniente de estudios hidrológicos, análisis geológicos, planificación territorial, infraestructura crítica y escenarios de cambio climático debe transformarse en un insumo permanente para la toma de decisiones. Un COGRID que trabaja con datos siempre tomará mejores decisiones que uno que actúa únicamente bajo la presión de la contingencia.
Otro desafío es avanzar desde la coordinación hacia la gestión. Reunir instituciones alrededor de una mesa es un primer paso, pero el verdadero valor aparece cuando cada acuerdo incorpora responsables, plazos, indicadores de cumplimiento y mecanismos de seguimiento. Sin evaluación, la prevención corre el riesgo de convertirse en una declaración de buenas intenciones.
La participación del mundo académico, los colegios profesionales, el sector privado y las organizaciones sociales también debería fortalecerse. La gestión del riesgo es demasiado compleja para quedar restringida exclusivamente al ámbito institucional. Incorporar conocimiento científico, experiencia territorial y participación ciudadana mejora la calidad de las decisiones y fortalece la resiliencia de las comunidades.
El verdadero éxito de un COGRID no debería medirse por la rapidez con que responde después de una inundación, sino por la cantidad de personas, viviendas e infraestructura que nunca llegaron a verse afectadas gracias a las decisiones adoptadas meses antes. Ese es el cambio de paradigma que impulsó la Ley N.º 21.364 y, al mismo tiempo, el principal desafío que aún enfrenta la Gestión del Riesgo de Desastres en Chile.
Mientras los COGRID continúen siendo percibidos principalmente como salas de crisis, la prevención seguirá llegando tarde. Cuando logremos que sean espacios permanentes de planificación, análisis y gestión del riesgo, habremos dado el paso más importante hacia un país verdaderamente resiliente.
