Permisología es un neologísmo que lleva 3 años signando negativamente la burocracia sobre el crecimiento económico en Chile; se ha tratado intensamente en la prensa, se ha debatido y legislado en esta materia y hay quienes se resisten a incorporar esta palabra e incluso ven en ella un presunto lobby desregulatorio, pero es preciso ver que la permisología es una realidad más allá de las disquisiciones lingüísticas y de los intereses particulares que puedan adherir al uso peyorativo del concepto. Lo trascendente es que prime el espíritu de mejorar la eficiencia de los procesos que autorizan los proyectos de inversión, contando con diagnósticos correctos y acciones efectivas que no afecten aquello que los permisos buscan proteger ni los avances alcanzados en estándares ambientales.
Esta discusión llega incluso a la hipótesis que la desregulación formaría parte de una agenda global para debilitar el rol de los Estados (pareciera que la intensidad mediática del tema es directamente proporcional al grado de especulación), pero en permisos de edificación el enfoque es más pragmático, la desregulación se ve inviable, ya que la tendencia apunta en sentido contrario: mejora continua con estándares y acuerdos internacionales ratificados y exigidos no sólo por los Estados que los suscriben, sino también por las instituciones que financian los proyectos.
Lo anterior no exime de mejorar la burocracia y las leyes y normas que regulan la industria, por el contrario, exige su perfeccionamiento; tampoco deja fuera el Lobby, que es una actividad regulada, y por ende es legítimo que la industria promueva (de forma transparente) sus intereses en las instancias y en la forma que la ley prevé para ello, buscando que la permisología deje de ser el dolor de los proyectos y del crecimiento económico.
Sin embargo, empujar los cambios ridiculizando los objetos de protección no aporta a un debate serio y constructivo, que justamente requiere mejorar la educación y comunicación en esta materia. Cuando trabajé en patrimonio arquitectónico los valores debían ser identificados, relevados y comunicados de forma efectiva, de lo contrario surgían propuestas literalmente demoledoras y esa ineptitud también afectaba los criterios para intervenir un edificio patrimonial o complementar su programa con construcciones contemporáneas. Es cierto que someter un proyecto a la burocracia docta del Consejo de Monumentos Nacionales requería una mezcla de experticia y resiliencia, pero aquello no justificaba perder el foco en el bien patrimonial y su puesta en valor. Ni hablar de lo vilipendiada que ha sido la arqueología, acusando la existencia de carteles y caricaturizando una actividad científica que ha revolucionado la comprensión de las culturas antiguas que habitaron el territorio. Es entendible que la permisología actual provoque aversión por la burocracia, pero el desprecio por la ciencia, la historia y el medio ambiente se ubica en el extremo de una peligrosa ignorancia inconsistente con un país que quiere alcanzar el desarrollo impulsando el crecimiento económico.
Es inevitable que los proyectos generen impacto alterando directa o indirectamente el medio ambiente, lo importante es determinar si ese impacto es o no significativo sobre aquellos componentes del medio ambiente que son objeto de protección, es decir, si presenta alguno de los siguientes efectos, características o circunstancias: riesgo para la salud; efectos adversos significativos sobre los recursos naturales renovables; reasentamiento de comunidades o alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres; localización en o próxima a poblaciones, recursos y áreas protegidas, sitios prioritarios para la conservación, humedales protegidos, glaciares y áreas con valor para la observación astronómica con fines de investigación científica, susceptibles de ser afectados, así como el valor ambiental del territorio en que se pretende emplazar; alteración significativa del valor paisajístico o turístico de una zona, y alteración de monumentos, sitios con valor antropológico, arqueológico, histórico y, en general, los pertenecientes al patrimonio cultural.
Esta es la dirección que el Estado de Chile ha consensuado, y podría variar en la forma, pero difícilmente en el fondo; en este marco lo esencial es seguir avanzando en la ecuación que equilibra crecimiento económico y protección del medio ambiente, optimizando los procesos burocráticos y la capacidad de reconocer, preservar y potenciar los valores y las actividades económicas del territorio y de su gente.