No es simple sentar a los todos los actores y resolver todas las trabas de la “permisología”, más aún cuando esta convocatoria puede redundar en más burocracia, por eso es esencial contar con una mesa técnica ejecutiva de carácter público-privada que defina acciones prácticas de implementación inmediata para agilizar de forma evidente la tramitación de permisos en este primer semestre, y medir resultados concretos en el segundo. También debe agrupar propuestas estratégicas de carácter estructural para implementarlas en el mediano y largo plazo, como la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales.
Los actores deben conocer y tener experiencia en permisos, dominar el marco normativo y su aplicación en las realidades de cada territorio, en zonas rurales y urbanas, reforzando el sentido de urgencia para el cumplimiento de sus objetivos. En el ámbito de los permisos de edificación, debe convocarse del sector privado a oficinas de abogados inmobiliarios, a los equipos técnicos de la Cámara Chilena de la Construcción, del Colegio de Arquitectos, de empresas mineras, de ingeniería y construcción y consultoras; del ámbito público a equipos técnicos de la DDU MINVU, del MINSAL y de la CGR, y para los territorios donde más urge acelerar proyectos, convocar a las jefaturas de las DDU, de las SEREMI MINSAL, del SAG y las DOM.
Las acciones deben otorgar rapidez a la burocracia actual, aplicando criterios que respeten el espíritu de la ley y los objetos de protección en el contexto de cada territorio y según la naturaleza de cada proyecto, ya que, si existe discrecionalidad, ésta debe jugar a favor de la fluidez en las tramitaciones.
Debe ser un trabajo acotado de coordinación por parte de especialistas que devenga en disminuir radicalmente los plazos en base a un sistema dinámico y operativo que incluya circulares e instructivos de aplicación inmediata, activación de plataformas, que en parte ya está encaminada con la Ventanilla única de Autorizaciones Sectoriales, y considerar incentivos y recursos a los Servicios Públicos que están sobrepasados por la demanda.
Papeles, certificados, firmas, más papeles, más certificados…
Hay un consenso en que la burocracia es excesiva y está afectando el crecimiento económico,la burocracia es excesiva y está afectando el crecimiento económico, como se infiere en los Informes de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP), el primero referido a la calidad regulatoria (2019), el segundo que analizó la dificultad en la tramitación de permisos en el sector de la construcción (2020), otro con 12 propuestas para la reactivación económica y crecimiento (2021), 10 de ellas son acciones asociadas a permisos que afectan los proyectos de inversión y por último, un análisis de los permisos sectoriales prioritarios para la inversión (2023).
El informe de la CNEP de 2019 indicó que Chile no cuenta con un sistema regulatorio eficiente en el desarrollo de inversiones y presenta problemas estructurales en el proceso de regulación constatando deficiencias en la gestión de los Servicios, en la coherencia de sus criterios y responsabilidades, y en la coordinación entre ellos. Definió cinco sectores productivos como los más importantes para la inversión: minería, energía, inmobiliario, infraestructura e industria. Aquí hay que hacer una distinción respecto a los permisos de edificación, ya que el sector inmobiliario sufre un mayor impacto por la “permisología” asociada a las zonas urbanas, mientras que la Minería, por la asociada a las zonas rurales, donde la complejidad y ruta crítica es distinta, a esto debemos agregar las Implicancias de la Ley de Aportes al Espacio Público en las inscripciones prediales, servidumbres y la imposibilidad de presentar y aprobar en paralelo solicitudes simultáneas de permisos de edificación en un mismo rol predial.
Y la burocracia…
Este primer informe indicó cinco causas de los tiempos excesivos: ausencia de definición normativa de plazos, falta de recursos por parte de los servicios, falta de incentivos para la gestión y cumplimiento de plazos, baja coordinación entre Servicios y baja calidad de información proporcionada por el titular, con demora de hasta cinco veces el plazo legal ya sea por información incompleta o deficiente.
El último informe de la CNEP del año 2023 se centró en minería y agricultura e identificó los trámites que afectan el proceso de inversión pudiendo impedir la realización de un proyecto. Clasificó los permisos en tres clases en base a su complejidad, los IFC fueron clasificados como clase 3 (mayor complejidad), los permisos de edificación como clase 2 y los proyectos sanitarios de agua potable y aguas servidas como clase 1 (menor complejidad). Concluyó que los permisos Clase 1 se tramitan en plazos cortos con dos meses promedio (valdría la pena desagregar y ver si se ha cumplido este plazo en los últimos dos años en determinadas regiones) y tienen una baja tasa de rechazo (15%). Los permisos clase dos y tres registran mayor plazo (7 meses clase 2 y 17 clase 3), mayor tasa de rechazo (34% clase 2, 39% clase 3), destacando que en estos plazos hay iteración y tiempos que no dependen del Servicio sino del Solicitante. Definió cuatro tipos de permisos especialmente complejos en términos de retrasos en los proyectos de inversión, que son los de Concesión Marítima de la Subsecretaría para las FFAA, el IFC del MINVU y SAG, los Permisos del CMN y las Consultas de Pertinencia de Ingreso al SEIA.
Ahora bien, el IFC y los Proyectos Sanitarios tienen incidencia directa en la ruta crítica para obtener los permisos de edificación ya que son requisito para su solicitud cuando se trata de construcciones sin fines agrícolas en zonas rurales sin servicios de Agua Potable y Alcantarillado, que tienen su precedente ambiental-sectorial en el PAS160 y PAS138, cuando se trata de proyectos ambientalmente evaluados.
Por último, los criterios de tramitación también deben alinearse con las estrategias de desarrollo regional, por ejemplo, para enfrentar la escasez hídrica con la desalinización, donde la revisión y aprobación de estos proyectos debiera ser prioritaria. Leer más