La propiedad privada es un pilar fundamental de cualquier sociedad democrática y el respeto a la misma es esencial para garantizar la seguridad jurídica y el bienestar de los ciudadanos. En Chile, la ocupación ilegal de inmuebles ha sido un problema persistente que ha generado conflictos y preocupaciones en la comunidad. Sin embargo, con la reciente implementación de la Ley de Usurpaciones, se ha dado un paso importante hacia la protección efectiva de la propiedad privada y el fortalecimiento del Estado de Derecho.
La normativa, conocida como la Ley 21.633, fue publicada en el Diario Oficial en noviembre de 2023 y tiene como objetivo regular los delitos de ocupación ilegal de inmuebles. Esta nueva ley establece penas más rigurosas, formas comisivas claras e incorpora mecanismos eficientes de restitución, proporcionando así una herramienta poderosa para combatir este tipo de delitos y garantizar la seguridad de la propiedad privada en el país.
Una de las características más importantes de la Ley de Usurpaciones es la definición clara de las penas según los distintos grados de ocupación y daños causados. Por ejemplo, el artículo 457 de la ley establece una pena de presidio menor en su grado medio a máximo (541 días a 5 años de presidio) para quienes ocupen total o parcialmente un inmueble con violencia o intimidación. Además, se aplicará la misma pena a aquellos que impidan que el legítimo poseedor intente recuperar el inmueble.
Por otro lado, si la ocupación no es violenta pero causa daños en cosas, la ley contempla una pena menor, como se establece en el artículo 457 bis. En este caso, la pena será de presidio menor en su grado medio si el daño causado excede cierto valor. Si el daño es menor, la pena será de presidio menor en su grado mínimo a medio. Estas disposiciones aseguran que cualquier forma de ocupación ilegal sea penalizada de acuerdo con la gravedad del delito.
Además de las penas establecidas, la Ley de Usurpaciones también aborda otras situaciones relacionadas con la ocupación ilegal de inmuebles. Por ejemplo, el artículo 458 establece una pena de presidio menor en su grado mínimo (61 días a 540 días) o multa de seis a diez unidades tributarias mensuales para aquellos que ocupen un inmueble sin violencia ni daños a las cosas. El tribunal encargado de dictar la sentencia considerará diversas circunstancias agravantes o atenuantes para determinar la pena adecuada.
Además de las sanciones penales, la Ley de Usurpaciones también contempla medidas cautelares para garantizar la restitución de la propiedad al legítimo propietario. Por ejemplo, el artículo 157 ter establece una medida cautelar real especial que permite al Ministerio Público o a la víctima solicitar al juez el desalojo del o los ocupantes ilegales con la ayuda de la fuerza pública. Esta medida asegura que la propiedad vuelva a manos de su dueño legítimo lo antes posible.
En resumen, la Ley de Usurpaciones representa un avance significativo en la protección de la propiedad privada en Chile. Con penas más rigurosas, formas comisivas claras y mecanismos eficientes de restitución, esta nueva legislación proporciona una herramienta poderosa para combatir la ocupación ilegal de inmuebles y garantizar la seguridad jurídica en el país. Es un paso importante hacia un Chile más justo, seguro y respetuoso del Estado de Derecho.