Repensando el Ciclo de Vida de la Vivienda: Desafíos y Oportunidades en la Construcción Progresiva

En América Latina, algunas ciudades han crecido hasta cinco veces su tamaño, con lo cual la población urbana en la región ha pasado de 108 millones a 500 millones, según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID 2018). Este crecimiento demográfico acelerado, plantea grandes retos para los gobiernos en términos de planificación de vivienda y desarrollo urbano.

El problema más significativo no es la cantidad insuficiente de viviendas, sino la baja calidad de las mismas, que afecta al 94% de las zonas urbanas en la región. Según un informe del BID, la clave para reducir este déficit cualitativo está en:

• Suministrar servicios básicos de alta calidad a las comunidades;
• Abordar la formalización de la tenencia de la propiedad;
• Mejorar los procesos constructivos que realizan las poblaciones más vulnerables.

En Perú, cerca del 75% de la población ha construido, mejorado o ampliado sus viviendas sin contar con la supervisión de ingenieros o arquitectos. Estas familias, con recursos propios y la ayuda de maestros de obra, avanzan en la construcción de sus hogares de manera gradual, en un ciclo de vida que puede tomar en promedio unos 30 años. Proceso que comienza con la adquisición de terrenos, la construcción de una primera estructura básica, sin servicios sanitarios o con materiales de baja calidad. Luego, a medida que las familias crecen, se agregan más habitaciones, pisos y mejoras. Este proceso incrementa los riesgos y los costos a largo plazo. 

La falta de acceso a financiamiento formal, la dependencia de trabajadores de la construcción sin formación técnica, y la compra de materiales en ferreterías locales con márgenes de sobrecosto, son factores que perpetúan la ineficiencia y los riesgos estructurales en estas viviendas. A esto se suma la falta de información adecuada, que lleva a decisiones subóptimas y costos innecesarios.

Sin embargo, el impacto de estos problemas se agrava en contextos de desastres naturales. América Latina es una de las regiones más vulnerables a terremotos, y Perú, en particular, está ubicado en una zona altamente sísmica. 

La pregunta surge, si ocurre un gran sismo y una casa construida por etapas colapsa, causando la pérdida de vidas, ¿la responsabilidad es compartida entre el Estado y la familia? Pues sí, por el lado del Estado, este tiene la obligación de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, lo que incluye la implementación y supervisión de normativas de construcción seguras. Esto podría implicar ofrecer programas de subsidio para reforzar estructuras, capacitar a los trabajadores de la construcción, y asegurar que los materiales de construcción de calidad estén disponibles y sean accesibles para todos. Por el lado de las familias, que optan por construir sin seguir las regulaciones o sin la supervisión de profesionales capacitados también asumen una parte de la responsabilidad. La decisión de construir de manera informal, aunque muchas veces motivada por limitaciones económicas, implica riesgos que pueden poner en peligro a los ocupantes de la vivienda.

Ante este escenario, desde el Centro Terwilliger de Innovación en Vivienda parte de Hábitat para la Humanidad, planteamos las siguientes recomendaciones que deben ser analizadas como oportunidades de mejora:

• Enfocar los esfuerzos en soluciones innovadoras que hagan accesible y económico el refuerzo de estructuras en viviendas informales.
• Potenciar la mejora del marco regulatorio para promover la profesionalización de los trabajadores de la construcción.
• Facilitar la expansión de modelos comerciales viables mediante la aceleración de empresas que estudien las etapas de la construcción progresiva y desarrollen soluciones sostenibles para cada fase.
• Impulsar la creación de un sistema de control e incentivos, como certificaciones, para que las redes de distribución informales mejoren la calidad de los materiales ofrecidos.
• Fomentar campañas de sensibilización dirigidas a líderes de opinión y medios de comunicación sobre el riesgo que representa un terremoto para el 75% de las viviendas.

En conclusión, repensar el ciclo de vida de la vivienda implica no solo reconocer los desafíos intrínsecos al sistema de construcción progresiva, sino también identificar y aprovechar las oportunidades para mejorar la calidad de vida de las familias vulnerables. Con un enfoque integrado que combine educación, innovación y regulación, es posible transformar este proceso en uno que, aunque siga siendo progresivo, sea también más eficiente, seguro y ante todo, digno.