En un contexto de alta sensibilidad regulatoria para el sector minero, la Sociedad Nacional de Minería (SONAMI) sostuvo una importante reunión con la ministra de Minería, Aurora Williams, para discutir los alcances de la Ley 21.600, que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP).
Durante el encuentro, Jorge Riesco, presidente de SONAMI, manifestó la profunda preocupación del gremio por la forma en que se están definiendo los sitios prioritarios para la conservación, “de manera apresurada y sin un respaldo técnico suficiente”, lo que —según explicó— está generando incertidumbre en un segmento clave de la industria: la pequeña y mediana minería.
¿Cuáles fueron los principales puntos tratados en la reunión entre la Mesa Directiva de SONAMI y la ministra Aurora Williams?
Abordamos principalmente la inquietante situación con respecto a la implementación de la Ley 21.600. Le expusimos nuestra profunda preocupación por la forma en que se están definiendo los sitios prioritarios, de manera apresurada y sin fundamentación técnica, y cómo esto está generando un clima de incertidumbre en el sector, particularmente entre los pequeños y medianos mineros.
Tenemos cifras actualizadas de 301 instalaciones mineras y más de 8.900 concesiones que se verían afectadas por estos polígonos. La ministra se mostró receptiva y comprometió la formación de una mesa de trabajo técnica que permitiera revisar caso a caso estas situaciones y buscar soluciones que equilibren la protección ambiental con la continuidad operacional de las faenas mineras.
También solicitamos su intervención para que el Ministerio de Medio Ambiente considere extender los plazos de consulta, permitiendo un análisis más profundo y participativo. Le enfatizamos que el rol del Ministerio de Minería como defensor del sector es fundamental en este proceso, especialmente cuando hablamos de territorios con larga tradición minera que ahora ven comprometido su desarrollo futuro.
¿Qué diagnóstico hace SONAMI respecto a la situación actual de la pequeña y mediana minería en Chile?
La pequeña y mediana minería enfrentan hoy un escenario complejo. Por un lado, tenemos los desafíos estructurales de siempre: acceso limitado al financiamiento, altos costos energéticos, dificultades para incorporar tecnología y, por supuesto, la dependencia de ENAMI como poder comprador.
A esto se suman ahora nuevas capas de complejidad regulatoria. Además del alza de las patentes mineras, la implementación de la Ley SBAP es quizás el ejemplo más claro de cómo iniciativas bien intencionadas pueden terminar afectando desproporcionadamente a quienes tienen menos recursos para adaptarse. La pequeña y mediana minería carecen de los equipos técnicos y jurídicos que la gran minería puede desplegar para navegar estos procesos regulatorios cada vez más complejos.
Es importante recordar que este segmento sigue siendo un motor fundamental para el desarrollo local en muchas regiones. Genera empleo de calidad, progreso económico, contribuye a mantener pobladas zonas remotas y permite una distribución más equilibrada de los beneficios de la minería. Por eso, necesitamos políticas públicas que reconozcan sus particularidades y les permitan seguir desarrollándose de forma sostenible y responsable.
¿Cuáles son las principales inquietudes que la pequeña y mediana minería ha manifestado en torno a la Ley 21.600?
Existen varias preocupaciones. Primero, por la falta de información clara sobre cómo les afectará operativamente encontrarse dentro de un sitio prioritario. Muchos no saben si podrán seguir operando, bajo qué condiciones o qué nuevos requisitos deberán cumplir. En ese sentido, un punto crítico es la potencial afectación a los derechos mineros ya constituidos. La minería chilena tiene una larga tradición de respeto a la seguridad jurídica, y estos productores temen que nuevas restricciones puedan afectar retroactivamente derechos adquiridos.
Asimismo, existe gran inquietud por los plazos extremadamente cortos de la consulta ciudadana. Treinta días es un periodo insuficiente para que productores puedan analizar técnicamente las implicancias y presentar observaciones fundadas. Así también, no se han transparentado los criterios técnicos utilizados para definir los sitios prioritarios y no se ha analizado caso a caso la situación de las faenas mineras, lo cual amenaza la operatividad del sector.
Quiero enfatizar que valoramos plenamente la normativa que protege la biodiversidad. Lo que pedimos no es eliminar la protección, sino implementarla equilibradamente, de forma que reconozca la realidad territorial, se respeten los derechos preexistentes y establezcan reglas claras que permitan la coexistencia de ambas actividades. Como Sonami hemos desplegado una estrategia de trabajo interna y externa de apoyo a los medianos y pequeños mineros en este tema y haremos lo que esté a nuestro alcance para defender nuestra actividad como motor de crecimiento para el país.