Las dos primeras transiciones energéticas globales no fueron ni justas ni equitativas. La transición de la leña al carbón, que tomó 50 años, y luego al petróleo, en 35 años, impulsó el desarrollo de algunos países con acceso a estos combustibles, mientras otros quedaron rezagados. Hoy, la “Transición Energética Justa” tiene un doble propósito: reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y asegurar que los costos y beneficios asociados a la transición hacia energías renovables se distribuyan de manera equitativa, en línea con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) #7: "Energía Asequible y No Contaminante".
Contexto actual: El sector energético genera el 73% de los GEI a nivel mundial, y estos gases, indiferentes a las fronteras nacionales, causan impactos globales. Para limitar el calentamiento global a 1,5 °C, las emisiones deben reducirse un 45% para 2030 respecto a 2010, según el Acuerdo de París. Sin embargo, la distribución de responsabilidades es un desafío: mientras China es el mayor emisor global, sus emisiones per cápita son de 7,1 toneladas de CO2 al año y persona, comparadas con 14,4 en Estados Unidos, 31 en Catar, 1,7 en India y 0,7 en África. Este obvio desacuerdo sobre quién debe asumir los costos de reducción genera tensiones internacionales.
En Chile, aunque el 79,6% de la electricidad proviene de fuentes renovables (datos de octubre de 2024), los combustibles fósiles aún dominan sectores como transporte e industria, sin avances significativos hacia su desfosilización.
Desafíos de equidad en Chile: 1) Acceso desigual a la electricidad: Regiones como Aysén y Magallanes enfrentan costos eléctricos hasta un 30% más altos que el promedio nacional debido a la falta de infraestructura eléctrica adecuada. 2) Financiación limitada: Las inversiones extranjeras favorecen grandes proyectos, pero los pequeños proyectos comunitarios enfrentan barreras significativas para acceder a financiamiento. 3) Transición laboral: El cierre de plantas a carbón podría afectar a más de 4.000 trabajadores. Si bien se espera que las energías renovables generen nuevos empleos, la transición requiere programas de capacitación eficaces.
Ejemplos de transición justa son el cierre de plantas termoeléctricas a carbón: Chile planea cerrar todas las plantas a carbón para 2040, retirando el 50% de ellas antes de 2025, con medidas de apoyo a trabajadores y comunidades afectadas. La Ley de Generación Distribuida permite a hogares y empresas generar su propia electricidad y vender excedentes a la red, lo que ha impulsado la instalación de más de 10.000 sistemas solares residenciales. Con las tarifas eléctricas actuales, esta práctica es cada vez más rentable. Nuevos proyectos comunitarios: En Atacama, parques solares incluyen acuerdos de participación que garantizan beneficios directos para las comunidades locales.
Un aspecto crítico de injusticia es la falta de pago por las externalidades de los combustibles fósiles importados. El impuesto al carbono en Chile es de apenas 5 USD/ton CO2, aplicándose solo al 27% de las emisiones, principalmente al sector eléctrico (94,5%). En 2023, esto recaudó solo USD 138 millones, una fracción del costo social estimado de las emisiones de GEI, calculado en 63,4 USD/ton CO2 en junio del 2024 por el Ministerio de Bienestar Social y Familia. Esto equivale a un costo anual de USD 6.560 millones pagados por todos los habitantes, costos de los cuales solo el 2,1% se recupera por parte del Estado. Aquí hay una buena fuente de ingresos más justa para que el Ministro de Energía no siga tratando de destruir las inversiones de las PMGD (Pequeñas y Medianas Generadoras Distribuidas) en búsqueda de recursos para subvencionar la electricidad después de tarifazo.
Proyecciones futuras: Chile aspira a ser carbono neutral en 2050, lo que implicará inversiones significativas: USD 30.000 millones en transmisión y almacenamiento eléctrico en la próxima década, y USD 330.000 millones para la Estrategia Nacional del Hidrógeno Verde al 2050. Este desarrollo permitirá desfosilizar combustibles, y sobre todo, exportar energía solar y eólica en forma de moléculas energéticas, como amoníaco verde, metanol verde y e-fuels.
Conclusión: La Transición Energética Justa en Chile es una oportunidad única para liderar en sostenibilidad global, pero enfrenta desafíos significativos. Su éxito depende de integrar equidad y justicia social en todas las etapas. Más que un dogma político, debe entenderse como una oportunidad para construir un futuro inclusivo y sostenible.