Mientras se supera la tormenta climática (y política), el déficit de vivienda se ha incrementado al mismo tiempo que vuelve a revalidar su prioridad, traducida en un nuevo plan de reconstrucción para las zonas inundadas y algunas relocalizaciones, antes advertidas, hoy necesarias.
Todo esto se suma a las acciones ministeriales que se han venido implementando a través del plan de emergencia habitacional. Más allá del debate sobre si la meta está siendo alcanzada o si se mantienen los retrasos, conviene aceptar una primera oportunidad de consenso: que el déficit se ha transformado en un desafío permanente.
Así, con tal de resolverlo, y en complemento con la construcción tradicional, el fomento de la industrialización es una decisión clave, acotada ante la declarada urgencia, transformándose en el camino más corto para responder con más velocidad y calidad a la necesidad de más y mejores viviendas.
Las barreras técnicas son variadas, pero se han venido resolviendo a través de incentivos y concursos generados desde el Estado, con apoyo de entidades técnicas -ante una consolidada demanda ciudadana- y que se ha propuesto institucionalmente dar impulso a la construcción anticipada o “fuera de sitio”.
Se intenta, entonces, incorporar virtuosamente a más actores, como las universidades, las fundaciones y las empresas gestoras y constructoras, algunas ya existentes y otras que se han creado -o innovado en consorcios- para responder al llamado.
Además de los emplazamientos adecuados en la ciudad -no en la periferia ni expuestos a condiciones de riesgo-, se presenta el desafiante objetivo de lograr mejores viviendas, lo cual implica reconocer variables que se adapten a las nuevas soluciones. Por ejemplo, cartillas técnicas que fueron pensadas para otros formatos y procedimientos, por lo que se encuentran desactualizadas, y deben dar respuestas a nuevos formatos de familias monoparentales, permitir espacios convertibles, se adecúen al entorno climático con sistemas de ahorro de energía o con orientaciones solares y protecciones adecuadas, lo que implica que la industrialización no puede dejar de lado a la arquitectura, sino buscar soluciones masivas que sean equitativas, bien insertadas, durables y de ajuste permanente, en formatos aptos para cada lugar, para también lograr ser más dignificantes.
En este sentido, respecto a los desafíos administrativos, se han flexibilizado algunas exigencias normativas que intentan agilizar permisos y aprobaciones a través de la certificación de unidades de viviendas. No obstante se ha iniciado la certificación de los primeros prototipos, dada la variedad de climas, predios y orientaciones, parece más conveniente certificar los sistemas industrializados, es decir sus componentes, como paneles resistentes y aislados para muros, techos y pisos, elementos atractivos para la industria, que facilitan aún más las opciones de traslados, tipologías y especialmente diseños, evitando con ello instalar viviendas pensadas para otro contexto, o de rápida obsolescencia, o incluso, evitar certificar viviendas que en cada variación implicaría una nueva certificación.
Un segundo consenso entonces se relaciona con que la industrialización no puede eludir a la arquitectura, lo que en una escala mayor también implica la capacidad de conformar barrios y emplazamientos urbanos seguros, bien conectados y equipados, resguardando -más allá de que sea o no incorporado al texto constitucional en redacción-, el derecho a una vivienda bien diseñada, construida y emplazada.
Sobre la gestión también harán falta algunas evoluciones, con formatos contractuales que ordenen y determinen tareas, entre el gestor, las obras preliminares y los elementos en montaje, definiendo con claridad las responsabilidades y garantías ante los beneficiarios.
Aquí es donde surge el tercer y último consenso, en un esfuerzo general que renueve confianzas y marcos normativos, sumando a actores públicos y privados, académicos y ciudadanos. Entre otras acciones, esto implica separar a las fundaciones de los vaivenes políticos, refocalizando en lo urgente y volviendo a trabajar por la eficiencia de los siempre escasos recursos públicos, cuyo sentido más valorado es materializarse en progreso y obra construida.
En definitiva, desde cada crisis o catástrofe, de corto y largo plazo, el desafío de la vivienda y la ciudad puede volver a unir -reunir- a mayorías, actualizando normas y leyes, más aún si es entendido como un problema y solución de Estado, que convivirá entre nosotros gane quien gane una elección.
Ya sabemos que “sin lugar no habrá comunidad”, ni menos habrá ciudad, que más allá de los encuentros y desencuentros de un tiempo, es y será el lugar que estamos construyendo para habitar y compartir. Leer más