El pasado 18 de julio de 2025, se alcanzó un hito histórico: por primera vez, Chile impulsó una Política Nacional de Seguridad y Salud en la Minería, una herramienta normativa que unifica criterios y compromisos entre el Estado, empleadores y trabajadores, con el fin de prevenir riesgos, proteger la salud y mejorar las condiciones laborales en la actividad minera.
Esta política actúa como una hoja de ruta oficial y colaborativa, inspirada en las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), particularmente los convenios 176 y 187, centrada en la prevención, fiscalización, coordinación y modernización del sector. Su enfoque es:
La Política se sustenta en diez principios, entre los cuales destacan:
Sus ejes clave:
La Política delimita responsabilidades para cada grupo:
La política fue creada entre 2023 y 2025, en procesos colaborativos que incluyeron talleres regionales, reuniones técnicas y comités con representación de:
Este modelo fortalece el cumplimiento de los convenios 176 y 187 de la OIT, garantizando legitimidad y reflexividad en su aplicación.
La política fue aprobada el 17 de julio de 2025, por el Comité Interministerial de Seguridad y Salud en el Trabajo —incluyendo los ministerios de Trabajo, Salud, Minería, Agricultura, Defensa, Economía y Transporte— en una sesión presidida por el ministro Giorgio Boccardo. Esto convierte a Chile en el primer país de América Latina que cuenta con un instrumento nacional específico para la minería, con enfoque integral, inclusivo y preventivo.
Este lanzamiento no solo busca reducir los índices de accidentes y enfermedades, sino también cimentar una cultura preventiva en todos los niveles, desde la pequeña explotación hasta las grandes faenas. Con un enfoque claro en la salud mental, la inclusión y las características técnicas del nuevo escenario minero (tecnología avanzada, desafíos climáticos), esta política es una carta de navegación estratégica para que nadie arriesgue su vida por trabajar en minería.
Además, brinda a las empresas certidumbres normativas y herramientas prácticas, mientras fortalece la vigilancia técnica y fiscalización estatal, permitiendo la adaptación continua del sector en un mundo en rápida transformación.
Con esta política, Chile se posiciona como ejemplo regional en materia de seguridad y salud ocupacional. Ahora corresponde su efectiva implementación: movilización de recursos, coordinación interinstitucional, compromiso empresarial y participación activa de los trabajadores. Solo así podrá garantizarse que la minería sea un motor económico que no cuestione la vida ni la dignidad de quienes la componen.
La invitación es clara: participar en este nuevo modelo, interiorizar la cultura preventiva, y construir juntos una minería más segura, equitativa, inclusiva y moderna. ¡Así Chile se proyecta hacia un futuro donde la minería brilla con responsabilidad y confianza!