El pasado 18 de julio de 2025, se alcanzó un hito histórico: por primera vez, Chile impulsó una Política Nacional de Seguridad y Salud en la Minería, una herramienta normativa que unifica criterios y compromisos entre el Estado, empleadores y trabajadores, con el fin de prevenir riesgos, proteger la salud y mejorar las condiciones laborales en la actividad minera.
¿Por qué es clave para el país?
Esta política actúa como una hoja de ruta oficial y colaborativa, inspirada en las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), particularmente los convenios 176 y 187, centrada en la prevención, fiscalización, coordinación y modernización del sector. Su enfoque es:
- Identificar riesgos específicos de la minería y abordarlos en forma sistemática.
- Unificar estándares, para que todos los actores operen bajo criterios comunes de seguridad.
- Fortalecer fiscalización, capacitación y asistencia técnica.
- Garantizar la voz de todos, trabajadores, empleadores y Estado.
Principios y objetivos – un enfoque integral
La Política se sustenta en diez principios, entre los cuales destacan:
- Respeto absoluto por la vida y salud física y psicosocial de los trabajadores.
- Promoción de una cultura preventiva, a través de gestión de riesgos.
- Enfoque de género y diversidad, reconociendo la importancia de equipos inclusivos.
Sus ejes clave:
- Fomentar una cultura preventiva mediante capacitación y participación activa.
- Actualizar la normativa, adaptándola a la transformación tecnológica y desafíos climáticos.
- Mejorar la fiscalización y coordinación institucional a través de las instituciones estatales.
Compromisos concretos: ¿quién hace qué?
La Política delimita responsabilidades para cada grupo:
- Trabajadores: cumplir normativas, reportar riesgos y ser actores activos de la prevención.
- Empresas mineras: difundir y aplicar las normas, entregar protección adecuada y gestionar recursos.
- Organismos del Estado: fiscalizar, coordinar acciones, actualizar normas y ofrecer asistencia técnica, especialmente a la pequeña minería.
- Aseguradoras y mutuales (ACHS, IST, ISL, ISL, ISL, etc.): ampliar la vigilancia del ambiente y la salud, brindar asistencia especializada y fomentar el diálogo con empleadores y trabajadores.
Un proceso tripartito y participativo
La política fue creada entre 2023 y 2025, en procesos colaborativos que incluyeron talleres regionales, reuniones técnicas y comités con representación de:
- Trabajadores (ej. Coordinadora de Trabajadores de la Minería).
- Empleadores (SONAMI, Consejo Minero, APRIMIN).
- Instituciones técnicas (Ministerios del Trabajo, Salud, Minería; SUSESO; Sernageomin; entre otros).
Este modelo fortalece el cumplimiento de los convenios 176 y 187 de la OIT, garantizando legitimidad y reflexividad en su aplicación.
Aprobación oficial – un paso decisivo
La política fue aprobada el 17 de julio de 2025, por el Comité Interministerial de Seguridad y Salud en el Trabajo —incluyendo los ministerios de Trabajo, Salud, Minería, Agricultura, Defensa, Economía y Transporte— en una sesión presidida por el ministro Giorgio Boccardo. Esto convierte a Chile en el primer país de América Latina que cuenta con un instrumento nacional específico para la minería, con enfoque integral, inclusivo y preventivo.
La minería del futuro: segura, inclusiva y sostenible
Este lanzamiento no solo busca reducir los índices de accidentes y enfermedades, sino también cimentar una cultura preventiva en todos los niveles, desde la pequeña explotación hasta las grandes faenas. Con un enfoque claro en la salud mental, la inclusión y las características técnicas del nuevo escenario minero (tecnología avanzada, desafíos climáticos), esta política es una carta de navegación estratégica para que nadie arriesgue su vida por trabajar en minería.
Además, brinda a las empresas certidumbres normativas y herramientas prácticas, mientras fortalece la vigilancia técnica y fiscalización estatal, permitiendo la adaptación continua del sector en un mundo en rápida transformación.
La minería como motor de desarrollo responsable
Con esta política, Chile se posiciona como ejemplo regional en materia de seguridad y salud ocupacional. Ahora corresponde su efectiva implementación: movilización de recursos, coordinación interinstitucional, compromiso empresarial y participación activa de los trabajadores. Solo así podrá garantizarse que la minería sea un motor económico que no cuestione la vida ni la dignidad de quienes la componen.
La invitación es clara: participar en este nuevo modelo, interiorizar la cultura preventiva, y construir juntos una minería más segura, equitativa, inclusiva y moderna. ¡Así Chile se proyecta hacia un futuro donde la minería brilla con responsabilidad y confianza!