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En un escenario marcado por estrechez fiscal, mayores exigencias sociales y un entorno económico internacional desafiante, el Gobierno del Presidente Gabriel Boric actualizó sus proyecciones de deuda pública para el período 2027-2030. Las nuevas estimaciones, contenidas en el más reciente Informe de Finanzas Públicas (IFP) del cuarto trimestre de 2025 elaborado por la Dirección de Presupuestos (Dipres), reflejan un ajuste al alza en el nivel proyectado de endeudamiento, aunque manteniendo el compromiso de no superar el umbral prudente de 45% del PIB.
Déficit estructural y nuevo escenario macroeconómico
El informe reveló que el déficit fiscal estructural cerró 2025 en 3,6% del PIB, marcando el tercer incumplimiento consecutivo de la meta fiscal de la actual administración. Este dato tensiona el debate sobre la sostenibilidad de las cuentas públicas y la trayectoria de consolidación fiscal comprometida por el Ejecutivo.
En este contexto, la Dipres actualizó su proyección de deuda bruta hacia 2030. Mientras que en el IFP del tercer trimestre de 2025 se estimaba que el indicador alcanzaría 42,7% del PIB en ese año, el nuevo escenario eleva la cifra a 43,4%. Si bien la diferencia puede parecer acotada, refleja un deterioro respecto de las previsiones anteriores y confirma la presión estructural sobre las finanzas públicas.
Peak en 2029 y continuidad bajo el nivel prudente
Según el documento, el punto más alto de la deuda no se registraría en 2030, sino en 2029, cuando alcanzaría 43,6% del PIB. Ese ejercicio correspondería al último año del eventual gobierno de José Antonio Kast, en caso de concretarse el escenario político proyectado.
No obstante, la Dipres enfatizó que, bajo todos los escenarios macroeconómicos modelados, la deuda pública bruta se mantendría por debajo del nivel prudente de 45% del PIB, cifra considerada como ancla de sostenibilidad para la economía chilena.
Cambio de tendencia en 2025
Uno de los elementos que el Gobierno destacó como hito fue la estabilización del indicador durante 2025. Por primera vez en casi dos décadas, la deuda pública medida como porcentaje del PIB no aumentó respecto del año anterior, situándose en 41,7%, el mismo nivel registrado en 2024.
Desde el Ejecutivo se atribuye este resultado a una combinación de mayor crecimiento económico y una gestión presupuestaria eficiente. Además, se subraya que durante la actual administración el incremento anual promedio de la deuda se habría reducido a 1,4 puntos porcentuales del PIB, el menor aumento en comparación con las tres administraciones previas.
Este desempeño, señalan desde Hacienda, implicaría un ahorro cercano a US$1.000 millones anuales en pago de intereses, liberando recursos para políticas sociales en lugar de destinarlos al servicio de la deuda.
Debate abierto entre expertos
Pese a los argumentos oficiales, diversos analistas han puesto en duda que la estabilización de la deuda responda exclusivamente a decisiones de política fiscal. Algunos expertos sostienen que factores externos —como el ciclo del precio del cobre, la evolución del tipo de cambio o el crecimiento global— habrían incidido de manera significativa en la contención del indicador.
En ese sentido, el debate no solo se centra en la magnitud de la deuda, sino también en la calidad del ajuste fiscal y la capacidad estructural del Estado para sostener el gasto sin comprometer la solvencia de mediano plazo.
Perspectivas hacia 2030
Con un escenario de mayor prudencia fiscal pero con proyecciones de deuda más elevadas que las previstas anteriormente, el desafío para los próximos años será equilibrar crecimiento, responsabilidad presupuestaria y demandas sociales crecientes.
La señal del Gobierno es clara: la deuda seguirá una trayectoria ascendente en el horizonte proyectado, pero dentro de márgenes considerados responsables. Sin embargo, el cumplimiento efectivo de esa senda dependerá tanto de la disciplina fiscal como del desempeño económico y del contexto político que enfrente la próxima administración.