Industrialización como política pública

Hay sectores que cargan con el peso de su propia debilidad sin que nadie lo declare formalmente. La construcción en Chile es uno de ellos. Durante veinte años, mientras la manufactura crecía un 3,6% anual en productividad y el retail modernizaba sus cadenas de valor, la construcción avanzó a una tasa de apenas el 1% anual. De acuerdo a estimaciones sectoriales, Chile produce solo el 48% de lo que genera el mismo sector en Estados Unidos por hora trabajada. Y sin embargo, sostiene el 6,5% del PIB y el 8% del empleo nacional.

La paradoja -un sector clave para el país, pero que no se moderniza a tiempo- tiene consecuencias muy visibles. De un lado, obras que no se construyen, en un contexto de fuerte demanda por infraestructura y un amplio déficit de vivienda, que las estimaciones oficiales en base al Censo 2024 ya estiman en 490.000 unidades y que a este ritmo, en vez de cerrarse, crece año a año.

En toda crisis hay, desde luego, una oportunidad de transformación. La construcción industrializada es hoy la palanca más potente para emprender ese giro.

Singapur enfrentó por varias décadas una crisis similar, y su respuesta fue sistémica: convertir la construcción industrializada en la regla en vez de la excepción. Fue así como las normas exigen construcción con sistemas PPVC, que introducen módulos volumétricos prefabricados, ensamblados en fábrica y montados en terreno en apenas unos días. Hoy, el 80% de la población vive en vivienda pública de calidad.

No es el único ejemplo: Suecia, así como la mayoría de los países escandinavos, ya fabrica fuera de la obra el 45% de sus viviendas nuevas, y muchos otros en el mundo avanzan en esa dirección.

El denominador común en todos los casos es que la industrialización dejó de ser una opción tecnológica y se convirtió en un pilar de la política pública. Al analizarlos, en todos ellos confluyen al menos tres palancas clave: una regulación que habilita la industrialización, una demanda por parte del Estado que está coordinada y es consistente, y un financiamiento estratégico para impulsar el cambio de paradigma.

Las ventajas no son solo de productividad. Junto a un aumento sustantivo en el número de viviendas construidas, en todos estos casos se verificó también una disminución abrupta de la informalidad del sector y una caída acelerada de la accidentabilidad.

En Grupo Cintac nos propusimos estimar qué pasaría si Chile lograse aplicar tan solo la mitad de las medidas y prácticas que empleó Singapur para incrementar su productividad mediante la industrialización. El resultado no deja dudas: el PIB sectorial podría crecer USD 4.170 millones respecto de la base de 2024, podríamos agregar 16.800 empleos a nivel país tanto en fábricas como en la cadena de valor completa, reducir la informalidad del 41% al 24%, bajar la accidentabilidad promedio hasta en un 63%, y aliviar el déficit habitacional en 320.000 viviendas.

Para que eso ocurra, debemos avanzar hacia una fuerte articulación público privada y una clarificación del rol del Estado. Primero, como generador de demanda, con licitaciones que premien la industrialización y contratos a mediano plazo que den certeza a los inversionistas. Segundo, como regulador habilitante, mediante una estructura de permisos simplificada que a la vez homologue los estándares industrializados a la normativa vigente. Y tercero, como financiador estratégico, a través de mecanismos como el subsidio diferenciado D.S. 49 para proyectos industrializados, o el pago directo al fabricante que elimine las trabas en la cadena de pagos y permita planificar a quienes industrializan con un horizonte mucho más cierto.

En mayo de 2026, en Grupo Cintac inauguramos la ampliación de la Planta Modular Chacabuco, de 80 mil metros cuadrados de superficie, con una capacidad de producción de 150 mil metros cuadrados anuales de infraestructura modular y que acogerá a mil trabajadores directos. Es una fábrica que fabrica módulos con tolerancias de precisión industrial y los monta en terreno en catorce días. Pero sobre todo es una señal de que es posible crear y operar en escala, y que la inversión privada puede comprometerse cuando existe claridad regulatoria y demanda sostenida.

Pero una planta no transforma por sí sola a un sector. Ya tenemos la evidencia internacional de nuestro lado. Contamos con capacidad instalada. Hay inversionistas interesados en innovar y desafiar el statu quo. Y existe una demanda habitacional potencial que es urgente abordar. Lo que falta es convertir una serie de esfuerzos profundos, pero aislados, en un sistema que establezca un horizonte de diez años en que la industrialización sea la norma y no la excepción. Porque de ella depende en buena medida que la construcción recupere productividad, sea capaz de recuperar el ritmo de creación de empleo y habilite bienestar social.