¿Cuál es el estado del arte de la ingeniería estructural y sísmica en Colombia?
En los años 70´s del siglo pasado, existía una creciente necesidad del desarrollo de normativas sismorresistentes en el país que tuvieran especificaciones técnicas para el diseño y la construcción de estructuras. En 1975 se fundó la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica (AIS) que ha liderado esta área a nivel nacional, y los primeros pasos que se dieron buscaron la traducción de los documentos desarrollados por la Structural Engineerings Association of California (SEAOC) y la adaptación del documento ATC-3 (Applied Technology Council) al contexto colombiano, llegando a la norma AIS 100-81 “Requisitos Sísmicos para Edificios”, cuyo uso era voluntario.
Luego de la ocurrencia del terremoto de Popayán en 1983 se pudo vislumbrar el estado de vulnerabilidad de las estructuras, por lo que la AIS desarrolla un código técnico encomendado por el Ministerio de Transporte, con la asesoría de la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI). Posteriormente se firmaría el Decreto 1400 de 1984: Código Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes”. Años más tarde y una vez aprobada la Ley 400 de 1997, se actualiza la reglamentación sismorresistente en el país la cual se denominó Reglamento Colombiano de Construcción Sismo resistente, NSR-98. Con dicha ley se crea la Comisión Asesora Permanente para el Régimen de Construcciones Sismo Resistentes (CAP), conformada por diferentes instituciones y cuyo objeto es la aprobación, interpretación y aplicación de las normas sobre construcciones sismo resistentes. Con el terremoto de Armenia de 1999 se realizan modificaciones en el reglamento NSR-98.
Actualmente, Colombia cuenta con el reglamento NSR-10 y se encuentra en proceso de actualización de dicha normativa a través del comité AIS-100. La normativa abarca una gran variedad de materiales y temáticas, incluidas reforzamiento de viviendas patrimoniales en tierra y próximamente, evaluación y reducción de vulnerabilidad en viviendas de origen informal.
¿Consideras que en Colombia se ha logrado reducir el riesgo sísmico?
En las últimas décadas ha habido avances significativos en cuanto a la legalización urbanística, la titulación, el reasentamiento de hogares en zonas de alto riesgo y el mejoramiento de vivienda y barrios. Así mismo, en el sector de la formalidad, el desarrollo de las normativas de construcción sismo resistente han generado una mejora significativa en la reducción del riesgo, a excepción de algunos casos en los que ha primado el beneficio económico sobre la seguridad.
Sin embargo, en materia de vivienda informal, siguen formándose grandes barrios que acogen millones de familias que han construido sus propias viviendas de a pocos, sin licencia de construcción, ni la asistencia técnica ni financiera necesaria para asegurar que cumplen con requerimientos legales, técnicos y de ordenamiento del territorio. Por lo que en este sector no se ha reducido el riesgo sísmico, por el contrario, se está incrementando.
La construcción informal en Latinoamérica sigue creciendo ¿Qué medidas están tomando para reducir esta vulnerabilidad?
La migración del campo a la ciudad es un fenómeno que se viene presentando desde hace varios años a nivel mundial. Esto viene asociado a la modernización de las ciudades, los modelos de desarrollo económico, las oportunidades laborales y en algunos países latinoamericanos, la migración forzada por ocupación de zonas por parte de grupos al margen de la ley, persecución política, entre otros. Se presenta lo que se conoce como “urbanización de la pobreza”, hecho que se refleja en el sector de la vivienda, en donde el crecimiento poblacional en las ciudades sobrepasa la oferta de vivienda nueva y usada para personas de escasos recursos y supera la capacidad de los gobiernos de hacer frente a la problemática. Esto genera que las personas con los más bajos ingresos sean excluidas del acceso a la vivienda formal y opten por una construcción informal.
Esta problemática no tiene una solución simple, se requiere del trabajo interinstitucional e intersectorial de diferentes actores, como gobiernos locales, el sector privado, grupos comunitarios, instituciones internacionales, entre otros, que coordinen medidas para promover dentro del planeamiento urbanístico de las ciudades: 1) acciones para la construcción de vivienda nueva asequible para las poblaciones más pobres, 2) proyectos de renovación urbana, 3) proyectos de autoconstrucción guiada, supervisada y controlada y 4) proyectos de mejoramiento de vivienda informal que incluyan intervenciones para la mitigación de la vulnerabilidad estructural en barrios consolidados.
En lo que se refiere a reducir la vulnerabilidad en viviendas existentes informales, en Latinoamérica se han logrado avances importantes. Un ejemplo de esto, son los avances en política pública en Colombia con la integración de categorías de reducción de vulnerabilidad sísmica en los programas de mejoramiento de vivienda del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT) y los pasos para solucionar los retos a nivel técnico relacionados con la intervención estructural. El trabajo de la organización social Build Change quienes han asesorado técnica, tecnológica, legal y/o socialmente al Ministerio y a varias entidades en el país, así como el desarrollo de su metodología alterna para la evaluación y reforzamiento sísmico de viviendas informales, aprobada por la CAP, ha sido crucial en el país para lograr dichos cambios. Actualmente en Colombia, el documento AIS 410-23: Evaluación y Reducción de Vulnerabilidad Sísmica en Viviendas de Mampostería, desarrollado de manera conjunta entre Build Change y AIS, está en los últimos pasos para ser incluido en la Reglamentación Sismo Resistente.
Por otro lado, en México se realizaron cambios sustanciales en su política de vivienda, que van desde la forma en cómo se mide el rezago habitacional, pasando por las estrategias desarrolladas para la dirección del sector vivienda, hasta el reconocimiento a la producción Social de la Vivienda Asistida y la autoproducción. La Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) ha asumido la definición de la vivienda adecuada integrando la seguridad estructural y la capacidad de resistir peligros naturales y adaptarse al cambio climático, tanto en el Programa Nacional de Reconstrucción, como en el Programa de Vivienda Social. Leer más
