Debemos repensar la forma en que se tramitan los permisos necesarios para realización de obras, llevando las decisiones hacía un ámbito exclusivamente técnico, en manos de especialistas y no de autoridades políticas.
Si bien hasta la fecha se aprecia preocupación pública por los casos conocidos de injerencia política en la aprobación técnica de proyectos, esto aún no se traduce en avances normativos que minimicen en el futuro estas situaciones, además ha generado temor en aprobar proyectos por parte de la Direcciones de Obras Municipales y autoridades, plazos que generan problemas en los permisos y recepciones.
Es evidente que prima un sesgo ideológico sobre consideraciones normativas o técnicas, con el que se paralizan proyectos que han dado cumplimiento a toda la normativa exigida por la legislación vigente. Se escuchan discursos públicos que se oponen a proyectos importantes, obviando que ellos han pasado por todas las aprobaciones pertinentes de instituciones públicas o privadas según requieran y, cumplen con todas las reglas. Discursos sin argumentos técnicos, pero que sin embargo paralizan o “botan” proyectos. Es importante tener presente que, esto no se trata que la ciudadanía empoderada se oponga a proyectos que no cumplen las normas, sino de proyectos en regla que son cuestionados sin base o fundamento.
Debemos repensar la forma en que se tramitan los permisos necesarios para realización de obras, llevando las decisiones hacía un ámbito exclusivamente técnico, en manos de especialistas y no de autoridades políticas, quienes no necesariamente tienen el conocimiento técnico para pronunciarse sobre estas materias y tienen además una agenda distinta.
No puede volver a ocurrir lo que pasó con el proyecto Fundamenta en Egaña, donde la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana (Coeva) rechazó la iniciativa y paralizó su construcción por la votación coordinada previamente de mayoría de los Seremi integrantes sectoriales. Este rechazo ocurrió pese a que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) había recomendado a la comisión aprobar el proyecto inmobiliario, por cumplir con toda la normativa ambiental vigente. Una situación como esta distorsiona gravemente el sistema de evaluación ambiental y el sistema de aprobación de los permisos de obras.
Cuando un proyecto que cumple toda la normativa vigente es arbitrariamente paralizado o rechazado, contribuye a generar mayores incertezas al rubro de la construcción, aumentan los plazos y costos y, esto redunda en profundizar el déficit habitacional en que hoy nos encontramos. Sin perjuicio, de que pone en riesgo inversiones millonarias y la fuente laboral de miles de trabajadores y sus familias. Es urgente aumentar la certeza jurídica a la que se enfrentan los proyectos.
Estimamos es muy necesario mejorar y actualizar cuanto antes la institucionalidad regulatoria sectorial y ambiental de los proyectos, llevando las decisiones y aprobaciones a un exclusivo ámbito técnico, mejorando sus procesos y verificando el cumplimiento estricto de los plazos que hoy las normas señalan, pero que en la práctica poco se cumplen.
Esto requiere de un cambio de actitud de las autoridades presumen de la buena fe. Leer más
