El proyecto de eficiencia energética “pura” no existe y ese malentendido está costando caro.

Existe un supuesto que se repite en las estrategias de descarbonización de la minería y que, en la práctica, frena más de lo que avanza, la idea de que la eficiencia energética es un tipo de proyecto en sí mismo y no elemento de todos los Proyectos.

Se piensa que es algo que se licita, se aprueba, se ejecuta y se reporta por separado. Un ítem en el plan de acción climático su presupuesto y equipo responsable propio. Pero ese “proyecto de eficiencia energética”, no existe.

Lo que sí existe son proyectos de productividad, excelencia operacional, mejoramiento continuo, optimización de procesos o reducción de costos. Y todos ellos, en su mayoría, tienen un componente energético. Cuando un molino SAG opera con mejor rendimiento, consume menos energía por tonelada procesada. Cuando se optimiza la malla de tronadura, se reduce el consumo de explosivos y se alivia la carga en chancado. Cuando se mejora la gestión de caminos y ciclos de los CAEX, el consumo de diésel cae. Ninguno de esos proyectos puede haber nacido como “iniciativa de eficiencia energética”. Pero todos son, en los hechos, exactamente eso.

El problema está precisamente en lo que no se mide. En la mayoría de las operaciones mineras, cuando un proyecto de productividad se aprueba y ejecuta, el ahorro energético asociado no necesariamente se cuantifica. No aparece en el reporte de eficiencia energética. No se acredita en el inventario de GEI como emisión evitada. No entra en la estrategia de descarbonización. La energía queda invisible dentro de un proyecto que tiene otra categorización y otro dueño. Y así, año tras año, pierden visibilidad una serie de mejoras operacionales reales que generan ahorros energéticos reales, pero que el sistema de gestión climática o de energía de la empresa simplemente no ve por no estar bajo la etiqueta de “EE”.

Las consecuencias de esa invisibilidad son tres: Primero, las estrategias de descarbonización subestiman sistemáticamente el potencial de la eficiencia energética como palanca de reducción, porque solo cuentan lo que está etiquetado como EE. Segundo, las áreas de energía y sostenibilidad pierden la posibilidad de integrarse tempranamente a un trabajo conjunto con múltiples áreas operacionales que capturan y desarrollan proyectos de optimización permanentemente. Tercero, y más importante, si nadie mide el componente energético de los proyectos operacionales, nadie lo visualiza, nadie lo reporta y/o gestiona.

Un grupo minero de primer nivel documentó con precisión el impacto energético y de emisiones de su cartera de proyectos de excelencia operacional durante un año. Los proyectos tenían nombres como rendimiento de molino SAG, optimización del sistema de transporte de mineral, reducción de consumo de combustible en CAEX o Mine to Mill. Ninguno era un proyecto de eficiencia energéticas según sus responsables. Pero al medir su componente energético, el resultado fue más de 74.000 toneladas de CO₂e evitadas y ahorros de más de 155 GWh en electricidad y 3,7 millones de litros de diésel. Esa cifra no existía antes de que alguien decidiera medirla. Por supuesto, el aporte económico (aporte extra al inicialmente presupuestado, ya que no fue contemplado en su diseño y evaluación previa) fue de varios millones de dólares.

El problema se agrava cuando este malentendido llega a la dimensión regulatoria. La Ley 21.305 sobre Gestión de Energía obliga a las grandes empresas consumidoras de energía a implementar un Sistema de Gestión de la Energía y a someterse a auditorías externas periódicas. Es una señal correcta de política pública. Pero cuando el auditor llega a terreno buscando un listado de "proyectos de eficiencia energética" como evidencia de cumplimiento, y no encuentra iniciativas con ese nombre, concluye que la empresa no está gestionando bien la energía, aunque tenga una cartera robusta de proyectos operacionales con impacto energético documentado. El criterio de auditoría reproduce el mismo sesgo conceptual. Y si la norma se interpreta de esa forma, lo que se certifica no es que la empresa gestiona bien su energía, sino que sabe nombrar sus proyectos de cierta manera.

Eso no es cumplimiento, es -en muchas ocasiones- falta de experiencia real en proyectos de EE y genera el incentivo equivocado (y peligroso) de crear proyectos de EE cosméticamente puros para aprobar la auditoría, en lugar de integrar la variable energética donde realmente ocurren las decisiones.

La conclusión no es que la eficiencia energética deba disolverse en otras agendas. Es que su gestión efectiva requiere algo que hoy falta en la mayoría de las compañías y en la interpretación de quienes las auditan, la disciplina de cuantificar el componente energético en todo proyecto operacional, independientemente de cómo se llame y quién lo lidere. Porque mientras ese número no se mida, no existe. Y lo que no existe no se gestiona, no se acredita y no aporta a las metas de descarbonización que la industria ya se ha comprometido a cumplir.