Tribunal Ambiental remece millonaria inversión de Collahuasi y reabre debate sobre permisología y certeza jurídica en Chile

La decisión del Segundo Tribunal Ambiental de retrotraer parcialmente la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto “Desarrollo de Infraestructura y Mejoramiento de Capacidad Productiva” de Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi volvió a instalar con fuerza el debate sobre la estabilidad regulatoria, la calidad técnica de las evaluaciones ambientales y el impacto que estos procesos generan sobre la inversión minera en Chile.

El proyecto, valorizado en más de US$3.200 millones, había sido aprobado en diciembre de 2021 y posteriormente ratificado por el Comité de Ministros en agosto de 2023. Sin embargo, el fallo emitido el 14 de mayo por el tribunal determinó que parte de la evaluación ambiental carecía de una fundamentación suficiente, especialmente en materias vinculadas a comunidades indígenas y efectos sobre el ecosistema marino.

La resolución judicial no paraliza completamente la iniciativa, pero obliga a retrotraer aspectos específicos del proceso para incorporar nuevos antecedentes técnicos y sociales. Entre ellos, una caracterización más detallada del uso del borde costero por comunidades indígenas aymaras y pescadores de sectores como Caleta Chanavaya, Punta Patache y Puerto Collahuasi, además de un análisis más profundo respecto de la operación de la planta desaladora contemplada en el proyecto.

No obstante, días después del fallo, el propio tribunal emitió una aclaración relevante que moderó parte de la incertidumbre generada inicialmente. Según información difundida por Minería & Desarrollo, la resolución no implica la anulación total de la RCA ni obliga a reiniciar íntegramente el proceso de evaluación ambiental, sino que delimita la revisión a componentes específicos relacionados con observaciones técnicas y sociales.

La aclaración fue interpretada por distintos actores de la industria como una señal importante para contener el impacto regulatorio y económico del caso, especialmente considerando el nivel de avance que presenta la iniciativa. De esta forma, el proyecto mantiene viabilidad para continuar avanzando una vez subsanadas las observaciones establecidas por el tribunal.

Entre los aspectos cuestionados por la justicia ambiental se encuentran elementos vinculados a la velocidad de captación de agua de mar, la sedimentación de la salmuera y el comportamiento del flujo salino a largo plazo. Uno de los puntos más observados fue que el plan de vigilancia ambiental contemplaba solo los primeros cinco años de operación, pese a que la planta desaladora alcanzaría su funcionamiento pleno recién en el año ocho.

La situación generó preocupación inmediata en la industria minera y entre actores vinculados al desarrollo de grandes proyectos de inversión. El caso se transformó rápidamente en un símbolo de las tensiones que hoy enfrenta el sistema de permisos ambientales chileno: por una parte, la necesidad de fortalecer los estándares técnicos y de participación ciudadana; y por otra, la urgencia de entregar mayor certeza jurídica a iniciativas estratégicas para la economía nacional.

Desde la Cámara Minera de Chile, su presidente, Manuel Viera Flores, advirtió que el fallo deja nuevamente en entredicho la credibilidad institucional del país y profundiza los riesgos de incertidumbre para la inversión minera. En un documento de análisis difundido tras la resolución judicial, el dirigente sostuvo que el caso evidencia fallas estructurales en la calidad técnica de las evaluaciones ambientales y en la capacidad del Estado para otorgar certezas regulatorias.

“El tribunal no anuló el proyecto: anuló la negligencia del SEA, pero la consecuencia es mala imagen para el país”, plantea el documento elaborado por Viera.

La Cámara Minera de Chile reconoce que la consulta indígena y la evaluación ambiental son herramientas legítimas y necesarias, pero sostiene que el problema radica en la falta de protocolos claros, criterios uniformes y capacidades técnicas consistentes dentro del sistema institucional. A juicio del gremio, la incertidumbre regulatoria asociada al Convenio 169 de la OIT continúa siendo uno de los principales factores de riesgo para el desarrollo de nuevos proyectos en el país.

El análisis también advierte que acelerar los procesos administrativos sin mejorar la calidad técnica de las evaluaciones no resolverá el problema de la permisología. “Acortar plazos sin mejorar la calidad técnica de las evaluaciones no resuelve la permisología. Solo acelera el camino al tribunal”, señala el documento.

En el sector existe preocupación adicional debido al nivel de avance de las obras. Según antecedentes entregados en el análisis de la Cámara Minera, la planta desaladora presentaba más de un 86% de avance al momento del fallo, situación que reabre el debate sobre la necesidad de implementar mecanismos de revisión temprana de riesgo judicial antes de ejecutar inversiones de gran escala.

El caso Collahuasi ocurre en un momento especialmente sensible para la minería chilena, en medio de crecientes presiones por destrabar inversiones vinculadas a cobre, litio y transición energética. Diversos actores de la industria advierten que este tipo de controversias puede afectar la competitividad internacional de Chile frente a mercados como Perú, Canadá o Australia, países que hoy disputan activamente capitales para nuevos proyectos extractivos.

Pese al impacto inicial del fallo, la reciente aclaración emitida por el propio tribunal permitió acotar el alcance de la resolución y despejar parte de las dudas sobre la continuidad del proyecto. La decisión no implica la anulación total de la RCA ni el reinicio completo de la tramitación ambiental, sino la revisión específica de ciertos componentes técnicos y sociales. Para la industria minera, el episodio sigue siendo una señal de alerta respecto de la necesidad de fortalecer la calidad técnica y la predictibilidad del sistema ambiental chileno, especialmente en proyectos estratégicos vinculados al cobre y la transición energética.