Chile ante la temporada de incendios 2025-2026: la deuda pendiente en reconstrucción rápida

Chile enfrenta nuevamente su época crítica de incendios forestales. Según información oficial del visor de CONAF, desde el 1 de septiembre de 2025 a la fecha ya se han registrado 788 incendios con un total de 1.339,9 hectáreas afectadas. Para enfrentar esta temporada 2025-2026, el gobierno desplegó un presupuesto histórico de $160.803 millones, 319 brigadas de combate y 77 aeronaves. Sin embargo, persiste un problema estructural que ninguna inversión en prevención puede resolver: seguimos sin contar con un sistema ágil y eficiente que permita una reconstrucción rápida cuando ocurre la tragedia.

La experiencia de los incendios de febrero de 2024 en Valparaíso evidenció esta carencia crítica. Aunque se creó el Fondo de Emergencia Transitorio por Incendios mediante la Ley 21.681, con $800 mil millones hasta 2026, la reconstrucción sigue operando bajo marcos normativos antiguos y poco flexibles. La Ley 16.282 sobre sismos y catástrofes, que data de décadas atrás, continúa siendo el pilar fundamental para estos procesos, diseñada para una realidad diferente a la actual.

Mientras tanto, existen métodos modernos de construcción que podrían revolucionar la respuesta post-desastre. Los Métodos Modernos de Construcción (MMC) desarrollados en Chile y países como Corea del Sur permiten reducir hasta 50% los tiempos de edificación mediante sistemas modulares prefabricados. La construcción industrializada, que ensambla componentes en fábricas bajo condiciones controladas, puede levantar viviendas dignas en semanas, no meses.

El concepto de vivienda progresiva, reconocido internacionalmente y desarrollado por empresas chilenas, permite entregar unidades habitables básicas que las familias pueden ampliar gradualmente. Este modelo reduce costos sin sacrificar calidad, devuelve dignidad a los afectados rápidamente y permite que la población retome su normalidad mientras completa su vivienda definitiva.

Sin embargo, Chile mantiene un marco normativo rígido que privilegia procedimientos tradicionales lentos. El Decreto Supremo 332 del MINVU, que reglamenta la atención habitacional en situaciones de emergencia, no contempla adecuadamente estas tecnologías modernas. Los procesos de licitación, aprobación de proyectos y entrega de subsidios siguen caminos burocráticos diseñados para construcción convencional.

Países desarrollados han integrado la construcción industrializada en sus planes de emergencia nacional. Suecia, Reino Unido y Corea del Sur mantienen capacidad industrial lista para activarse tras desastres, produciendo viviendas de transición de alta calidad en tiempo récord. Chile posee la tecnología y el conocimiento técnico, pero carece de la normativa que facilite su implementación masiva.

La Ley 21.364 sobre Gestión del Riesgo de Desastres estableció avances en prevención y respuesta, pero dejó explícitamente fuera la fase de reconstrucción, perpetuando el vacío normativo. Mientras las familias esperan años en mediaguas o viviendas de emergencia precarias, existen soluciones constructivas que podrían reducir drásticamente esos plazos.

Es urgente que el Congreso Nacional legisle para modernizar el marco de reconstrucción post-desastres. Se requiere una ley específica que establezca protocolos expeditos, facilite la precalificación de sistemas constructivos industrializados, simplifique los procesos de aprobación y permita activar rápidamente la capacidad productiva del sector privado. La vivienda progresiva debe reconocerse oficialmente como solución válida y preferente en emergencias.

Chile no puede seguir enfrentando cada temporada de incendios con la misma respuesta reactiva del pasado. Con 788 incendios en apenas dos meses y medio de esta temporada, la prevención es fundamental, pero también lo es estar preparados normativamente para reconstruir con rapidez cuando lo peor ocurra. Las familias afectadas merecen volver a la normalidad en semanas, no años. La tecnología existe; solo falta la voluntad política para modernizar nuestras leyes.