La historia parece inverosímil: el Estado de Chile, a través de la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas (MOP), construyó en 2020 un puente de $500 millones para unir comunidades rurales. Sin embargo, cuatro años después, el paso fue cerrado por el dueño del terreno, dejando a más de 70 personas sin conexión vial. ¿Cómo se llega a un punto donde una obra pública termina en manos privadas? ¿Quién falló?
Una obra necesaria, pero mal gestionada
La estructura fue parte de un proyecto de conectividad rural largamente esperado por los vecinos. Antes del puente, cruzar el río Quilacoya implicaba riesgos, especialmente en épocas de crecida. Con su construcción, se prometía una solución definitiva.
Sin embargo, la Dirección de Vialidad no realizó —o no finalizó— el trámite para asegurar legalmente el acceso al terreno donde se construyó el puente. En palabras simples: el puente fue levantado en un predio privado sin que el Estado regularizara su uso.
Hoy, el dueño del terreno ha decidido cerrar el acceso. La medida ha generado el repudio de la comunidad, pero desde el punto de vista legal, el propietario estaría en su derecho.
La comunidad, rehén de un error estatal
“Nos sentimos olvidados”, expresó Óscar Silva, uno de los vecinos afectados. La comunidad depende de ese puente no solo para movilizarse, sino también para acceder a salud, educación, trabajo y servicios básicos. Sin él, quedan prácticamente aislados.
La única alternativa es un badén (paso precario sobre el río), que se vuelve intransitable con lluvias o crecidas. En invierno, el aislamiento puede extenderse por días.
Responsabilidades en la mira
El MOP, a través de la Dirección de Vialidad, anunció que está llevando adelante un sumario administrativo para determinar las responsabilidades detrás del insólito error. La pregunta clave: ¿cómo se autorizó la construcción sin asegurar primero el dominio o uso legal del suelo?
El alcalde de Hualqui, Ricardo Fuentes, explicó que existió un acuerdo informal en su momento con el propietario del terreno, pero que este nunca se formalizó. Ante la negativa actual del dueño, la municipalidad ha solicitado al MOP que inicie un proceso de expropiación, una medida que podría demorar meses y que no garantiza una solución inmediata.