Mega toma de San Antonio: Expropiación a UF 0,27/m² vs. Valor que piden sus dueños: UF 0,4/m²

La iniciativa gubernamental, amparada en las facultades legales del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, busca expropiar 100 hectáreas y adquirir adicionalmente el lote 1A del terreno. El objetivo principal es mitigar la emergencia humanitaria que afecta a 3.700 de las 4.100 familias que actualmente residen en la toma.

La principal controversia que afecta a los dueños de los terrenos en la mega toma no solo radica en la pérdida forzada de su propiedad, sino en la percepción de un doble castigo financiero, debiendo someterse a un proceso de expropiación donde el valor de la indemnización puede ser "castigado" por la misma situación de conflicto social.

Esto basado en la tasación del terreno tomado realizada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), la cual ronda los 11 mil millones de pesos (0,27 UF/m²), muy lejos de las 0,44 UF/m² que pedían los dueños de la inmobiliaria. Sin embargo, según el informe de fallida comisión técnica por la mega toma la propuesta final del gobierno fue de 0,22 UF/ m². 

El fundamento legal para la inédita acción en la mega toma de San Antonio reside en el Artículo 19 N° 24 de la Constitución Política, que autoriza al Estado a expropiar bienes por "causa de utilidad pública", en este caso, la necesidad de ordenar el territorio y abordar la crisis habitacional. No obstante, la misma disposición actúa como límite a la potestad estatal al exigir una "justa y previa indemnización" que cubra el daño patrimonial.

Es fundamental distinguir la naturaleza legal de esta operación: no es una "venta", sino una "indemnización". El monto por pagar no es fijado por el dueño, sino por la ley a través de un proceso reglado que busca establecer el valor de mercado justo, no el precio de deseo del propietario.

Por otra parte, el dueño no puede negarse a la expropiación. Su única vía de acción es el proceso judicial para obtener una sentencia que fije una indemnización superior a la propuesta provisional del SERVIU. Si el juez ratifica el precio provisional como justo, ese será el monto final. Si determina un monto superior, el Estado debe ajustarse al fallo.

El 5 de noviembre, la Corte de Apelaciones de Valparaíso estableció un plazo de 30 días para desalojar la mega toma, que abarca 215 hectáreas y comenzó hace seis años. Se calcula que hoy tiene más de 4.000 familias, unas 12.000 personas en total. En Chile, según el último catastro, actualmente existen 1.428 campamentos donde habitan aproximadamente 120 mil familias. Esta expropiación abre el debate sobre qué pasará con los futuros desalojos, y el Estado debe aclarar si esta acción será un caso especial o se utilizará como solución para evitar desalojos de forma violenta.