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La minera estatal enfrenta una de sus controversias más delicadas en materia de control y gestión productiva. Su presidente, Bernardo Fontaine, informó que las investigaciones preliminares identificaron 42.100 toneladas de cobre que fueron incorporadas indebidamente a los registros de producción de 2024 y 2025. El caso podría obligar a reconocer un ajuste contable de entre US$120 millones y US$140 millones, además de abrir cuestionamientos sobre los sistemas de control, los incentivos ejecutivos y la gobernanza de la principal compañía minera del país.
La controversia en Codelco vuelve a poner bajo escrutinio la gestión de la mayor productora de cobre de Chile. Durante una junta extraordinaria de accionistas realizada este 5 de noviembre, Bernardo Fontaine, presidente del directorio, entregó nuevos antecedentes sobre las irregularidades detectadas en los registros de producción de la corporación.
De acuerdo con lo informado, las revisiones preliminares identificaron 42.100 toneladas de cobre contabilizadas de manera indebida durante dos ejercicios consecutivos: 24.000 toneladas correspondientes a 2024 y otras 18.100 toneladas en 2025.
El hallazgo no es menor. La situación habría provocado una sobreestimación de los inventarios, alteraciones en el cálculo de los bonos variables de determinados trabajadores y eventuales efectos financieros que todavía están siendo cuantificados.
Fontaine advirtió que las auditorías internas y externas continúan en desarrollo, por lo que llamó a evitar conclusiones anticipadas. Sin embargo, reconoció la gravedad de los hechos y aseguró que el directorio buscará recuperar los recursos que eventualmente hayan sido pagados de manera incorrecta.
La dimensión económica también comienza a tomar forma: la compañía estima preliminarmente que deberá reconocer un castigo contable de entre US$120 millones y US$140 millones, asociado a aproximadamente 17.000 toneladas de inventarios sobrevalorados.
El caso: registros duplicados y producción que no correspondía a cobre efectivamente producido
Uno de los aspectos más delicados de la investigación es el mecanismo mediante el cual se habrían alterado los registros de producción.
Los antecedentes apuntan a inconsistencias en los balances metalúrgicos y a la contabilización de material que habría sido registrado más de una vez como producción de distintas divisiones. También se identificaron registros anticipados de producción que todavía no se había concretado.
Las divisiones involucradas son:
- Chuquicamata: se detectaron registros de producción incorporados antes de que esta se materializara.
- Ministro Hales: se investigan duplicidades en la contabilización de material y alteraciones en los balances metalúrgicos.
- Salvador: también se identificaron registros duplicados que habrían incrementado artificialmente las cifras reportadas.
El problema no se limita a una diferencia administrativa. Los balances metalúrgicos son herramientas fundamentales para determinar cuánto mineral ingresa al proceso, cuánto cobre se recupera y cuánto producto se obtiene efectivamente. Su confiabilidad es esencial para controlar inventarios, medir el desempeño operacional y respaldar la información financiera de una compañía minera.
Cuando estos registros presentan inconsistencias, también se compromete la calidad de los indicadores utilizados para evaluar la productividad y los resultados de las operaciones.
US$140 millones: el impacto económico que podría asumir la estatal
La investigación también abrió un frente financiero. Según los antecedentes presentados por el directorio, las duplicidades habrían incrementado artificialmente los inventarios en 18.800 toneladas de cobre fino.
Este volumen podría representar un ajuste contable de entre US$120 millones y US$140 millones, monto que los auditores financieros están determinando para establecer su efecto definitivo en los resultados de la corporación.
A esto se suma otro elemento: las inconsistencias habrían alterado el cálculo de los incentivos variables de un grupo de trabajadores y ejecutivos.
Fontaine señaló que la compañía está calculando los montos involucrados y que buscará recuperar los bonos que eventualmente hayan sido pagados en exceso.
La situación plantea interrogantes sobre los mecanismos de evaluación del desempeño, especialmente cuando los indicadores de producción tienen incidencia directa en los sistemas de compensación.
Ocho ejecutivos desvinculados y auditorías en curso
Como parte de las medidas adoptadas, Codelco confirmó la desvinculación de ocho ejecutivos el pasado 29 de octubre, debido a su responsabilidad en los hechos investigados.
Sin embargo, la compañía advirtió que las investigaciones continúan y que podrían establecerse nuevas responsabilidades.
Actualmente existen dos revisiones externas independientes:
- KPMG: desarrolla una revisión integral de la producción de todas las divisiones de Codelco durante 2024 y 2025.
- EY: realiza una auditoría forense específica para investigar las eventuales duplicidades, sus causas, responsabilidades y efectos sobre la producción, los inventarios y los sistemas de incentivos.
Los antecedentes también fueron puestos en conocimiento del Ministerio Público, mientras la compañía busca esclarecer el origen de las irregularidades y determinar si existió un perjuicio patrimonial.
La junta extraordinaria de accionistas, con participación del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y del biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, respaldó las acciones destinadas a profundizar las investigaciones, establecer responsabilidades y fortalecer los controles internos.
El problema va más allá de las toneladas: Codelco enfrenta un desafío de gestión
La controversia aparece en un momento especialmente complejo para la estatal, que enfrenta desafíos de productividad, costos, endeudamiento y resultados de sus grandes proyectos estructurales.
Durante la junta, Fontaine presentó un diagnóstico crítico sobre el desempeño económico de la corporación. Según las cifras expuestas por el presidente del directorio:
- Codelco entregó al Estado aproximadamente US$7.000 millones durante los últimos cuatro años, un 43% menos que en el período anterior.
- El endeudamiento aumentó un 50%.
- La compañía invirtió US$32.000 millones durante los últimos ocho años sin conseguir revertir la caída productiva.
- La producción pasó desde aproximadamente 1,6 millones de toneladas a cerca de 1,2 millones.
- Los egresos operativos de caja aumentaron un 42%.
El presidente del directorio también cuestionó los resultados obtenidos por los proyectos estructurales, señalando que las inversiones realizadas no han generado los retornos esperados.
En este contexto, la nueva administración trabaja en un Plan de Recuperación orientado a mejorar la rentabilidad, fortalecer los flujos financieros, optimizar el uso del capital y recuperar la capacidad productiva de la compañía.
Nuevos controles para recuperar la confianza
El presidente ejecutivo de Codelco, Jorge Gómez, detalló que se están implementando medidas para evitar que situaciones similares vuelvan a ocurrir.
Entre las acciones anunciadas destacan la actualización de los estándares de balance metalúrgico, el fortalecimiento de los controles de inventarios y la implementación de mecanismos de verificación que permitan respaldar cada tonelada informada.
La administración busca que los registros de producción tengan trazabilidad y correspondan efectivamente al material procesado y obtenido en las operaciones.
Para Fontaine, el desafío también requiere un cambio cultural dentro de la organización. El directivo sostuvo que la compañía debe dejar atrás una gestión excesivamente concentrada en cumplir metas de producción y avanzar hacia un modelo que priorice la seguridad, la eficiencia y la rentabilidad.
La controversia, reconoció, ha afectado la confianza y la reputación de la estatal.
Una crisis de confianza para la principal minera de Chile
El caso abre una discusión que trasciende los registros contables. Para una compañía como Codelco, cuya producción tiene impacto directo en las finanzas públicas, el mercado del cobre y la posición de Chile como potencia minera, la confiabilidad de sus cifras constituye un activo estratégico.
La transparencia de los indicadores productivos no solo permite conocer el desempeño de una operación, sino que también entrega información relevante para tomar decisiones de inversión, evaluar proyectos, medir productividad y establecer compromisos con el Estado.
Por eso, el desafío de la estatal no será únicamente determinar cuántas toneladas fueron contabilizadas indebidamente o cuál será el ajuste financiero definitivo. También deberá demostrar que sus sistemas de control funcionan, que las responsabilidades se establecen sobre evidencia y que sus resultados operacionales reflejan efectivamente la realidad de sus divisiones.
En una industria donde cada tonelada cuenta, la credibilidad de los datos también es parte de la productividad. Codelco enfrenta ahora el desafío de recuperar la confianza y demostrar que su gestión puede volver a estar a la altura de su importancia estratégica para