Doblarse, pero no quebrarse. En tiempos donde las dificultades se intensifican bruscamente la necesidad de las personas es de respuestas. Que alguien les muestre un plan de acción concreto y definido. Al menos unas líneas básicas que generen esperanza y el punto de inflexión al inicio de la recuperación.
Chile se proyecta entre los 30 primeros países con estrés hídrico del mundo. Ni con un año normal de precipitaciones se revertiría los 12 años de mega sequía de la zona central de Chile.
Ante la crisis del agua y los efectos del cambio climático, hay consenso en generar nuevas fuentes de agua como la desalación y el reúso, al tiempo que se consolida la política de conservación -protección de los ecosistemas- y gestión de los recursos hídricos tradicionales. Pero en el manejo de crisis el tiempo es crucial, porque luchamos contra el reloj, así que dentro del plan de acción se debe priorizar la solución temprana, eso sí, sin perder de vista el largo plazo -sostenibilidad y resiliencia-. Cómo resolver el problema del mayor número de afectados posible en el menor plazo marcando tendencias responsables es la gran respuesta. Así, iniciativas legislativas con mayor o menor prioridad avanzan para establecer un marco regulatorio apropiado como la Ley de Reúso de Aguas Tratadas, o el proyecto de Ley de Desalinización.
Cabe destacar entre los no especialistas que las aguas residuales se dividen en aguas grises (ducha, lavamanos, lavaderos) y aguas negras, básicamente las que tienen excretas. En Chile no hay regulación sobre el tratamiento de aguas negras. La Ley 21.705 regula el reúso de aguas grises, es decir, aquellas “aguas servidas domésticas residuales provenientes de las tinas de baño, duchas, lavaderos, lavatorios y otros, excluyendo las aguas negras”. Y, aun así, está prohibido su uso en riego de frutas y hortalizas de consumo crudo o de alimento de animales, y en general el agua producto o reúso no puede entrar en contacto con el cultivo, lo que excluye cualquier uso agrícola que no sea árbol
Los principales factores que limitan la reutilización de aguas residuales en Chile son de índole cultural asociado a las dudas sobre salud pública, y regulatorio. La Ley 21.705 es muy restrictiva, especialmente en zonas vulnerables, porque exige normas de calidad de agua muy superiores a los que muchos agricultores pueden acceder en términos de tecnología, que es cara. Si a ello agregamos que no existen colectores que separen desde los puntos de consumo (domicilios) las aguas grises de las aguas negras, el reúso es sin duda parte de la solución, pero no la solución inmediata. Aún no hay una institucionalidad clara para los procesos de reutilización de aguas residuales, y la ley es restrictiva.
Tengamos en cuenta además que hoy en día ya existe el reúso de las aguas tratadas en las plantas de tratamiento existentes en todas las zonas urbanas -con 99% de cobertura-, que devuelven el agua a los cursos de agua como ríos, lagos y el mar de manera sustentable, donde más abajo son aprovechadas por agricultores. En consecuencia, muchos especialistas se decantan por trabajar en aprovechar las aguas vertidas por emisarios submarinos, sujeto a cambios normativos y considerando además la necesidad de actualizar las vigentes estaciones depuradoras de aguas servidas, ya que se debe garantizar una calidad mínima del agua de entrada al tratamiento terciario, que es agua tratada y vertida por emisario posteriormente tratada para el reúso-. A la hora de proponer soluciones a la crisis hídrica no se deben perder de vista los plazos, transparentando un honesto plan de acción a la sociedad. Sería enormemente irresponsable comprometer soluciones en un lapso de tiempo inviable, más grave aún hacerlo con conocimiento de causa.
En paralelo y mientras lo anterior se resuelve, desde el punto de vista normativo y de financiación, se avanza en un modelo ya probado en este país para otra infraestructura crítica, con un marco regulatorio lo suficientemente amplio y consolidado: La asociación público privada. Así se pretende dar solución urgente, como iniciativa estatal en colaboración con las empresas y la academia, mediante proyectos de desalación del agua procedente del mar a los sectores afectados: población cuya prioridad nadie pondrá en duda, incluyendo el agua potable rural; agricultura, que representa el mayor porcentaje del consumo de agua; e industria, porque no hay actividad humana que se pueda realizar sin este recurso básico.
Consumo humano urbano y rural, producción nacional y exportaciones agrícolas dependen de la prioridad que se le dé a este mecanismo de licitación, con carácter multipropósito. Desarrolladores nacionales e internacionales y la industria de la desalación esperan la oportunidad de construir e implementar tecnologías punteras de ósmosis inversa para abastecer de agua a la ciudadanía en el próximo lustro.
Respuesta y plan de acción para recuperar la esperanza del recurso hídrico: no hay tiempo que perder. Leer más
