Con la loable meta de combatir el Cambio Climático Antropogénico se ha planteado el proyecto de ley de Transición Energética. Pero esta iniciativa está detenida oficialmente en la Comisión de Energía hasta que el ministro de Energía solucione el grave problema que tienen las empresas del sector eléctrico, ya que se avecina una tormenta perfecta por varias bolas de nieve que están rodando y amenazan con crear una avalancha de insolvencias. Los empleados de las a futuro declaradas “empresas estratégicas” no podrán ir a la huelga, pero nadie puede impedir que esas “empresas estratégicas” dejen de funcionar si caen en insolvencia, la que se presenta simplemente cuando sus ingresos son menores a sus gastos. ¿Quién suministrará la electricidad a hogares, industrias e instituciones en ese escenario?
Aclaremos y transparentemos el escenario para que se entienda: el origen es el estallido social que aparentemente se produjo por un aumento en las tarifas del Metro en $30. Como estaba programada una necesaria alza en las tarifas eléctricas inmediatamente después de esa fecha (los precios para los clientes regulados dependen de subastas públicas del Estado a largo plazo), el gobierno decretó congelar las tarifas para el segundo semestre del 2019. Empresas grandes tienen espaldas financieras y pueden conseguir préstamos para cubrir la falta temporal de ingresos, pero las pequeñas generadoras de proyectos innovativos, sobre todo con energías renovables, no tienen esa flexibilidad financiera impuesta.
Para paliar los efectos de este congelamiento de tarifas del sector generación eléctrica se creó un fondo de estabilización de tarifas eléctricas (Ley 21.185, PEC1), cuyo fondo de US$1.350 millones debía alcanzar hasta 2027 cuando entraban en efecto los nuevos contratos con energías renovables más baratos. Pero el fondo se agotó antes de lo previsto, ya en el primer semestre del 2022. Se creó entonces un segundo fondo (Ley 21.472, PEC2) de unos US$1.850 millones. Pero también este segundo fondo se agotó por los incrementos internacionales de los precios de combustibles, la inflación en Chile y el tipo de cambio. El déficit actual para esconder al público el alza de los costos de la electricidad llega a la brutalidad de unos USD 5.000 millones según el ministro de Energía, cifra similar a todo el presupuesto anual del ministerio de Obras Públicas.
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El gobierno prometió ahora enviar en octubre un proyecto de ley que contenga las medidas necesarias para crear un mecanismo de estabilización de precios de la electricidad, normalizar las tarifas de distribución gradualmente, y abordar el pago de las deudas contraídas a raíz de los dos anteriores mecanismos de estabilización. La proposición que se estudia contendrá un “cargo por servicio público”. Dentro de este cargo se considerará un pago adicional máximo, que tendrá por objeto financiar el “Fondo de Protección de Tarifas” y que será diferenciado por tramos de consumo de acuerdo con los siguientes parámetros: A) Usuarios que registren un consumo mensual menor o igual a 350kWh: exento del cargo. B) Usuarios con un consumo mensual entre 350kWh y 500kWh: hasta $0,8/kWh. C) Usuarios con un consumo mensual entre 500kWh y 1.000kWh: hasta $1,8/kWh. D) Usuarios con un consumo mensual entre 1.000kWh y 5.000kWh: hasta $2,5/kWh. E) Usuarios que registren un consumo mensual sobre 5.000kWh: hasta $2,8/kWh, valores reajustables según el IPC. Adicionalmente se creará un "Mecanismo de Protección al Cliente" o "MPC", y con un cargo MPC de $10/kWh escalados en bloques de consumo como en el punto anterior, y el “Fondo de Protección de Tarifas” será de máximo de USD 2.800 millones hasta el 2035.
Las Generadoras avizoran soluciones, pero las Distribuidoras, que viven del Valor Agregado de Distribución, no han visto el descongelamiento de estas tarifas (que debieron haberse ajustado al período 2020-2024) y están en muy precaria situación económica, ya que no recaudan el costo real. Además, la “ley de servicios básicos” produjo un incremento en el hurto y la incobrabilidad, porque en este país no faltan los frescos que no pagan sus deudas porque esa ley los protege de cortes (¿especulan también a perdonazos?). La reacción del gobierno de turno fue comprensible, ya que en muchos países estas protestas callejeras por alzas en combustibles y electricidad han llevado a tumultos masivos incluso con muchos muertos en las calles. Así que de un problema político se crea un grave y creciente problema económico, lo urgente se come a lo importante. Y sabemos que la cuenta siempre la paga la “Sra. Juanita”, ella solventará estos subsidios. Leer más
