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A partir de este mes de julio finalmente se sinceraron las tarifas eléctricas en Chile, cuyo precio se mantuvo congelado desde octubre del 2019 a razón del así llamado “estallido social”. Cabe recordar que la justificación de esa costosa revuelta fue aparentemente el aumento en la tarifa de locomoción colectiva (los $30). Los daños a la infraestructura causados durante esa revuelta fueron de USD 4.579 millones según la Cámara Chilena de la Construcción. En octubre de 2019 correspondía un alza de tarifas del 9% en pesos [$/kWh] a los clientes regulados, la gran mayoría de los hogares, por aumento de los costos en los contratos de suministro eléctricos. El Estado protege a los pequeños consumidores eléctricos (clientes regulados) con subastas de suministro a largo plazo (15 a 25 años), contratos que se establecen en dólares [USD/MWh], y algunos están indexados al precio de los combustibles fósiles.
En vista de esa crisis política se congelaron entonces las tarifas eléctricas, y más encima, después se prohibió el corte de suministro a los deudores morosos. Eso es una clara expropiación a un pequeño sector de la economía y se le obliga a prestar un servicio dejándolo sin herramientas legales para obtener el pago del servicio por parte del beneficiado. El gobierno siguiente continuó con esta medida política, porque temía el posible efecto de sincerar las deudas en el resultado del primer plebiscito constitucional.
Nadie contaba con el Covid19 y sus medidas de mitigación social dispararon la inflación a nivel mundial (las tarifas eléctricas en Chile también están indexadas al IPC de USA), y menos predijimos la brutal invasión de Rusia en Ucrania, la cual catapultó los precios de los combustibles fósiles a los que están indexados los precios de la electricidad termoeléctrica (constituye la mayor parte de los contratos de largo plazo vigentes adjudicados antes del año 2017). Por casi cinco años se vivió en un mundo de fantasía con tarifas eléctricas congeladas. Ni el gobierno anterior, ni el actual en los últimos dos años advirtió a tiempo: “deuda que no se paga sale más cara después” como lo formuló recientemente el Presidente de la República, justificando el sinceramiento de las tarifas eléctricas, pero después de decidir moderar el alza necesaria estirando el pago de la deuda hasta el año 2035.
La deuda total de esa congelación llegará a USD 7.212 millones incluyendo el pago forzoso en “cómodas mensuales” hasta el año 2035 con intereses por USD 1.800 millones. El congelamiento fue obviamente un engaño a los ciudadanos, que fuera de las deudas eléctricas acumuladas, ahora tendrán que pagar por persona unos $100.000 en intereses a los financiadores. Las cuantiosas alzas (60%) son políticamente peligrosas, así que se gestó una especie de “perdonazo” a los pequeños consumidores residenciales (aprox. 1,5 millones de hogares, con muchos votantes), y esta fiesta la pagan las pymes con mayor consumo energético que las familias. Pero esto no parece ser suficiente para los parlamentarios que deciden qué hacer con plata ajena, pidiendo ahora beneficiar a 4,7 millones de hogares (más votantes todavía) a costa de otros contribuyentes que pagarán esa cuenta.
¿Qué tan importante es la electricidad? La calidad de vida de los ciudadanos se basa en las comodidades brindadas por los aparatos eléctricos, desde la refrigeración de alimentos, lavadoras, hornos, calefacción, aire acondicionado, telecomunicaciones, información, entretención, etc. Se me olvidaba mencionar la iluminación como el origen del uso de la electricidad en los hogares modernos desde hace casi 140 años, y todavía se habla de la “cuenta de la luz”, y no del suministro eléctrico. Hoy prácticamente todos somos “electrodependientes” en nuestro quehacer diario, y para algunos su vida depende de aparatos médicos eléctricos. Desde el punto de vista económico, la electricidad posee una ponderación del 2,1% en el Índice de Precios al Consumidor, inferior al de la gasolina con 3,7%, y superior al del gas licuado con 1,5%.
Al igual que a los deudores de La Polar el año 2021, aquí se hizo una renegociación de deudas no consensuada con los ciudadanos. Los ejecutivos que promovieron esas repactaciones unilaterales se les condenó criminalmente, y deben pagar en el juicio civil en forma colectiva USD 100 millones por los daños causados a la AFP querellante. Si hubiese estado promulgada la Ley de Delitos Económicos (N° 21.595, mayo 2023), esos siete ejecutivos de La Polar enfrentarían hoy una pena de cumplimiento efectivo de 12,5 a 15 años de cárcel, y una serie de inhabilitaciones como prohibición de desempeñar cargos públicos, cargos gerenciales y contratar con el Estado.
La Polar 2.0: ¿Qué penas enfrentan los que congelaron las tarifas eléctricas y causan ahora un sobrecosto de unos $500.000 por hogar de 5 personas en intereses hasta el 2035 por préstamos que nadie pidió?
