En un continente como América Latina y el Caribe (LAC), donde el acceso a una vivienda digna y segura sigue siendo un desafío para millones de familias, las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) emergen como actores clave para abordar esta problemática. Estas empresas no solo son la columna vertebral de las economías locales, sino también potenciales puentes entre las necesidades de las comunidades y las soluciones de vivienda.
El reto de superar los modelos tradicionales
En los últimos tiempos, se ha cuestionado la efectividad de los modelos tradicionales de asistencia en la construcción progresiva de vivienda. Estos modelos, que generalmente se enfocan en proveer materiales y brindar asistencia técnica específica a las familias para que construyan por etapas, han enfrentado barreras significativas. Entre estas barreras se incluyen la falta de coordinación entre actores, la informalidad en los procesos constructivos y la ausencia de un enfoque integral que considere las necesidades financieras y técnicas de las familias. Además, suelen depender de redes de apoyo comunitario poco organizadas, lo que limita su escalabilidad y sostenibilidad en el tiempo.
Por el contrario, las MIPYMES constructoras pueden ofrecer la asistencia técnica profesional necesaria para mejorar la calidad y seguridad de las viviendas construidas progresivamente. Su proximidad a las comunidades y su flexibilidad operativa les permiten adaptarse a las necesidades específicas de cada familia, brindando soluciones que tengan al usuario al centro y que superan las limitaciones de los modelos tradicionales.
A pesar de su potencial, las MIPYMES constructoras enfrentan retos significativos, como el acceso limitado al financiamiento, estrategias de comunicación para activar demanda por volumen, eficiencia operativa y de costos. Además, la informalidad sigue siendo un obstáculo para muchas de estas empresas, limitando su acceso a mercados formales y a programas de apoyo gubernamental.
Articular a las MIPYMES constructoras con soluciones de financiamiento flexibles, adaptadas a las necesidades de sus flujos operativos sería lo más acertado. Por otro lado, es fundamental desarrollar esquemas de crédito específicos para las familias que construyen progresivamente, con condiciones que consideren la realidad económica de las familias y faciliten su acceso al financiamiento formal.
No quiero dejar de recordar que, en el caso peruano, el mercado de la construcción progresiva de vivienda representa una oportunidad significativa para las instituciones financieras. Según un estudio reciente de GRADE (2024), este segmento mueve alrededor de $10.000 millones al año, lo que equivale al 4,1% del Producto Bruto Interno (PBI) nacional. Además, se estima que el 71% (4.7 millones) de las viviendas en el Perú urbano han sido construidas de esta manera, y actualmente hay 2,9 millones de viviendas en proceso activo de construcción. Por otro lado, un dato revelador es que la capacidad real de pago promedio de las familias que construyen progresivamente es de US$450 mensuales por 8 años, lo que indica un potencial de financiamiento significativo. Sin embargo, la mayoría de estas familias no tiene acceso a servicios formales de financiamiento para la construcción por etapas.
La transformación del sector de la vivienda en América Latina y el Caribe está al alcance de nuestras manos. Potenciar a las micro y pequeñas empresas constructoras no solo resolverá barreras estructurales en la construcción progresiva, sino que también abrirá caminos hacia una economía local más dinámica y resiliente. Instituciones financieras, gobiernos y actores del ecosistema de la vivienda: el momento de articular esfuerzos es ahora. Unamos fuerzas para diseñar soluciones que no solo construyan viviendas, sino también oportunidades y sueños.