Orden en las cuentas eléctricas después de la farra del congelamiento

No hay nada más populista que congelar tarifas, independiente de contratos existentes, inflación, precio de las divisas y precios internacionales de los combustibles.

El despertar de esta “farra eléctrica” de cuatro años y medio es caro porque, además de pagar lo adeudado, hay que pagar los intereses de un crédito forzoso que el gobierno negoció en nombre de los ciudadanos sin preguntarles.

El segundo de los tres ministros de Energía del gobierno anterior, Diego Pardow, nos dijo directamente abiertamente en el Consejo de la Sociedad Civil del Ministerio, que como habían ganado las elecciones, ellos sabían qué había que subsidiar y que no seguirían el modelo de una subvención básica a libre criterio de las personas de menores recursos. Hay que recordar que en octubre del 2019, en la semana posterior al estallido social, correspondía un alza programada de las tarifas eléctricas, y el gobierno de Piñera decidió congelarla para que no se siguiera destruyendo el país. Si hubiese correspondido un alza del pan, hoy estaría afectado el sector de panadería y no el sector eléctrico.

Para juntar recursos y aminorar el alza a más familias, ese mismo ministro se tiró en picada contra los PMGD, pequeñas y medianas centrales de generación distribuida, provocando protestas de inversionistas extranjeros por el cambio de régimen tributario. Cabe recordar que los PMGD entregan electricidad directamente en las redes de distribución y no requieren utilizar el colapsado sistema de transmisión.

Congelar una tarifa no hace desaparecer la deuda. La diferencia entre lo que se cobra y lo que corresponde pagar termina transformándose en obligaciones que los consumidores deberán asumir durante años, con un costo adicional: los intereses.

La Ley N° 21.833, conocida como “Ordenemos la Cuenta”, intenta cerrar parte de esta cuenta pendiente. La norma contempla que las obligaciones con las Distribuidoras derivadas de las reliquidaciones del Valor Agregado de Distribución (VAD) del período 2020-2024 sean pagadas gradualmente hasta fines del 2035. La deuda se estima en aproximadamente $734 mil millones y será normalizada mediante documentos de pago y un cargo incorporado gradualmente en las tarifas. La ley contempla un componente de $5 por kWh desde 2028, reajustado por inflación.

Pero esos $734 mil millones corresponden al capital. Falta agregar el costo financiero. Dependiendo de la tasa y del calendario de amortización, los intereses de esta deuda podrían representar del orden de $200 mil millones, unos USD 200 millones. A ello se suman los intereses estimados de las distintas etapas de estabilización tarifaria, que alcanzan aproximadamente USD 1.860 millones.

Por eso, la cuenta completa es considerablemente mayor que la deuda original. En un escenario central, los consumidores terminarían pagando del orden de USD 7.500 millones entre capital e intereses hasta 2035. De ellos, más de USD 2.070 millones corresponderían solamente a intereses para beneficio de los bancos. Son recursos que se pagan por haber trasladado hacia el futuro obligaciones que originalmente debieron reconocerse en las tarifas.

La discusión no debería limitarse a si era necesario proteger a las familias de un aumento brusco. Puede existir una justificación social para hacerlo. La pregunta es cómo se financia esa protección. Un subsidio focalizado permite saber cuánto cuesta, quién lo recibe y quién lo financia.

La Ley N° 21.833 tiene el mérito de reconocer esta realidad y ordenar obligaciones acumuladas durante años. También contempla mecanismos para mejorar la calidad del suministro y promover inversiones de las distribuidoras. El consumidor necesita una tarifa predecible y electricidad disponible, segura y resiliente. El sacar rápidamente esta Ley ha sido una excelente muestra de capacidad de gestión de la actual Ministra de Energía, Ximena Rincón.

“Ordenemos la Cuenta” no debería significar simplemente cambiar la fecha de vencimiento de las deudas. Una cuenta realmente ordenada exige que cada costo esté identificado, cada obligación tenga un responsable y cada subsidio tenga financiamiento. La experiencia deja una enseñanza: cuando el Estado decide que una tarifa no puede subir, la cuenta no desaparece; solo se posterga y llega acompañada de intereses para júbilo de los bancos.