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La crisis hídrica golpea fuerte a Chile, particularmente a sus regiones más áridas, pero es atendida en forma tardía detonando otras crisis como la sanitaria, de desarrollo y agroalimentaria, configurando escenarios complejos y la necesidad imperativa de valorar el agua y los sistemas innovadores y sustentables, con el trabajo conjunto de la industria, el sector público y la academia.
El año 2022 se desarrolló el primer simposio “La Desalación en el Desarrollo Regional de Antofagasta”, destacando que Antofagasta sería la primera ciudad de LATAM con más de 250 mil habitantes que abastece 100% el consumo sanitario con agua desalada, y la Compañía Aguas de Antofagasta aportando casi 2/3 de toda el agua desalada que se produce en Chile para uso sanitario. Se destacó también que Minera Escondida usaba casi el 50% del agua desalada de todo Chile, con 8.000 Lt/Seg, y sumando Coloso y Spence, abarcaba casi 2/3 del total para uso industrial, mientras que, en la Región de Tarapacá, los proyectos de impulsión de las mineras QB2 y CMDIC, lograban llevar agua desalada a más de 4.000 msnm, superando las cotas máximas de impulsión.
En aquella instancia Pablo García Chevesich, Doctor en Bioingeniería, Máster en Hidrología y Manejo de Cuencas, académico en Colorado School of Mines y University of Arizona, y miembro del Programa Hidrológico Internacional de UNESCO, llamó a reconocer la crisis desde la ciencia y no desde las ideologías, ya que están desapareciendo glaciares y se están secando lagos y ríos, y a pesar de esta evidencia científica los horizontes de solución y las políticas públicas llegan tarde y con mala gestión, haciendo difícil o imposible revertir los escenarios, en contraste con países que escuchan a la ciencia a tiempo, y la ciencia va de la mano con decisiones políticas, medidas y proyectos que funcionan.
Entre los proyectos que funcionan están los de desalinización, pero su aprobación necesita celeridad y ahí entra la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales (LMAS) que durante mayo enfrenta discusiones e indicaciones en el Congreso Nacional. El resumen ejecutivo del Proyecto de Ley (PDL) presentado por el Ministerio de Economía Fomento y Turismo indica que el tiempo total de tramitación para una Planta Desaladora es de 8 años y 1 mes (etapa Ambiental y Sectorial), y el tiempo total post entrada en vigencia sería de 6 años, con una reducción de tiempos sectoriales del 34% y reducción total del 26%. Si bien es un aporte, pareciera insuficiente en el contexto de emergencia hídrica. Además, los proyectos de desalinización incluyen sistemas de impulsión con obras permanentes y temporales en más de una comuna, enfrentando el criterio de cada DOM y eventualmente podrían cruzar más de una Región, si pensamos en carreteras hídricas a lo largo del país, con lo cual la discrecionalidad también podría venir de distintas SEREMIS, dada la división administrativa y la naturaleza diversa del territorio chileno.
El objeto de la LMAS es estandarizar, coordinar y velar por el cumplimiento de las normas de tramitación de las autorizaciones sectoriales, además de crear mecanismos para una regulación estandarizada que resguarde los derechos de los Titulares y la proporcionalidad con el riesgo que los proyectos o actividades representan. Se creará un Sistema para la Regulación y Evaluación Sectorial que velará por la correcta tramitación de las autorizaciones bajo la gobernanza de un servicio integrado por un Comité.
Para especialistas del CEP, el PDL trataría de manera imprecisa y parcial diversos servicios y procedimientos sensibles como el CMN o el otorgamiento de CCMM ante la Subsecretaría de FFAA, fundamentales en proyectos de Desalinización, y no propone modificaciones en los permisos de edificación y sus recepciones definitivas, y aquí hay que sumar las autorizaciones de proyectos y funcionamientos sanitarios por las SEREMIS de Salud, que son ruta crítica para el inicio de la construcción y la operación.
De los VII Títulos de la LMAS el VI crea un Sistema de Información Unificado de Permisos Sectoriales (SUPER), plataforma digital de ventanilla única, el IV permite reforzar los órganos con equipos externos para la admisibilidad y el III, del procedimiento aplicable, favorece una programación más realista de las obras, acotando la discrecionalidad y permitiendo que los Titulares postulen sus proyectos para que el Servicio los califique como prioritarios, aplicando una tramitación ágil con reducción de los plazos máximos que cada órgano tiene para resolver a la mitad, y claramente los proyectos de desalinización son prioritarios para el desarrollo de Chile.
