La temporada invernal por el aumento de las precipitaciones representa un período crítico que exige preparación y responsabilidad compartida entre autoridades y ciudadanía. La Ley 21.364, que establece el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SINAPRED), constituye un marco normativo fundamental y reconoce expresamente el rol activo que debe desempeñar la comunidad en la gestión de riesgos. (Públicos – Privados -Voluntariados - ONG y la Comunidad)
El Rol de la comunidad según la Ley 21.364
La mencionada ley establece claramente que la gestión del riesgo de desastres es una responsabilidad que involucra a toda la sociedad. El artículo 2° determina entre sus principios rectores la "participación", reconociendo que las comunidades deben involucrarse directamente en todas las etapas del ciclo de riesgo: prevención, preparación, respuesta y recuperación. Este enfoque participativo supone un cambio paradigmático en la comprensión de la gestión de desastres, donde históricamente primaba un modelo centralizado y reactivo.
Bajo esta nueva visión, la comunidad no es meramente receptora de instrucciones o ayuda, sino un agente activo con deberes específicos. Entre estas responsabilidades destacan:
- Mantenerse informada sobre los riesgos a los que está expuesta según su ubicación geográfica.
- Participar en los procesos de planificación de prevención y respuesta.
- Adoptar medidas concretas de mitigación en sus hogares y entornos.
- Respetar las alertas y disposiciones emitidas por la autoridad competente.
Las precipitaciones invernales, históricamente son particularmente intensas en las zonas centro y sur del país y demandan medidas específicas de autocuidado que la población debe internaliza:
Preparación del Hogar
La responsabilidad comunitaria comienza en el ámbito doméstico. Cada familia debe evaluar y preparar su vivienda antes del inicio de la temporada de lluvias:
- Limpiar canaletas, desagües y sistemas de evacuación de aguas lluvias.
- Revisar techumbres para detectar filtraciones potenciales.
- Impermeabilizar muros expuestos a la humedad.
- Podar árboles cercanos que puedan representar riesgos durante temporales.
- Elaborar un plan familiar de emergencia, identificando rutas de evacuación y puntos de encuentro.
Estas medidas preventivas, aparentemente sencillas, pueden marcar la diferencia entre sufrir daños severos o preservar la integridad de las viviendas.
Conocimiento del Entorno
La ley 21.364 enfatiza la importancia del conocimiento territorial. La comunidad deben:
- Identificar si su vivienda se encuentra en zonas susceptibles de inundación o remoción en masa.
- Conocer las vías de evacuación establecidas por la autoridad local.
- Familiarizarse con los sistemas de alerta temprana implementados en la región o comuna.
- Participar en los simulacros y capacitaciones organizados por los Comités Comunales de Gestión del Riesgo de Desastres.
Conductas Responsables durante Precipitaciones
Durante las lluvia intensa, la población debe adoptar comportamientos que minimicen riesgos:
- Evitar transitar por cauces naturales o artificiales, incluso si aparentan estar secos.
- No cruzar calles inundadas, ya que 30 centímetros de agua son suficientes para arrastrar un vehículo.
- Mantenerse alejado de tendidos eléctricos caídos o infraestructura dañada.
- Atender las instrucciones de evacuación preventiva lo más rápido posible.
- Utilizar los canales oficiales para informarse, evitando la propagación de fake news.
Articulación Comunitaria con el SINAPRED
La eficacia del SINAPRED depende en gran medida de la articulación entre autoridades y comunidad. La ley contempla mecanismos específicos para esta colaboración:
- Los COGRID Comunales deben incorporar representantes de organizaciones comunitarias.
- Las juntas de vecinos pueden solicitar capacitaciones específicas para enfrentar los riesgos característicos de su territorio.
- La comunidad organizada puede contribuir a la elaboración de mapas de riesgo locales.
En definitiva, debemos tener un enfoque preventivo y proactivo donde cada ciudadano comprenda que su participación en las medidas de autocuidado no constituye solamente un beneficio personal, sino un aporte sustancial a la seguridad colectiva y a la construcción de un país más resiliente frente a los desastres con origen en fenómenos naturales.