Para el ex ministro de la segunda sala del tribunal ambiental, Felipe Sabando del Castillo, la normativa aún es deficiente respecto al marco regulatorio de las leyes medioambientales, y eso está perjudicando al rubro de la construcción. Sabando del Castillo es ingeniero químico de la Universidad de Concepción, MBA y actualmente trabaja en el sector privado asesorando a empresas en temas verdes.
¿Cuál es el marco regulatorio medioambiental que rige en Chile, hay uno o varios?
En Chile tenemos hoy la Nueva Institucionalidad Ambiental, creada el año 2010 y puesta en funcionamiento el 2012, en la cual se especializó al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y se separó la fiscalización en la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), a lo cual se sumó la justicia mixta y especializada de los Tribunales Ambientales. Este sistema aún espera que se termine la tramitación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, el cual aún se discute en el congreso.
Este marco regulatorio, en permanente perfeccionamiento a través de leyes y nuevas normas, se nutre además de las distintas funciones sectoriales de los diferentes órganos de la administración del Estado con competencia ambiental y que contribuyen coordinadamente al ordenamiento ambiental en el país.
¿Es suficiente y claro para establecer responsabilidades, deberes y vinculaciones con el entorno?
En principio, el sistema es suficiente, pues establece una fórmula para prevenir el daño al medio ambiente o, en caso de que ello no ocurra, la obligatoriedad de repararlo.
De este modo, las deficiencias que se observan las atribuyo mayormente a problemas de implementación, de gestión de las competencias que están establecidas para que el marco regulatorio opere.
El mejor ejemplo de esto son los enormes tiempos que lleva obtener autorizaciones de carácter ambiental y que exceden con mucho los seis meses que establece la Ley 19.880 de Bases de Procedimiento Administrativo, o bien, la dificultad para hacer seguimiento hasta el logro de una reparación ambiental efectiva.
¿Cuáles son las principales problemáticas que se generan en la actualidad por la falta de un marco regulatorio claro o por omisiones?
La primera que mencionaría es la falta de claridad para obtener aprobaciones de carácter ambiental, que se traducen en largos tiempos de reclamación administrativa y, luego, judicial, lo cual afecta sensiblemente a los proyectos de mediana y pequeña envergadura y que no disponen de los recursos para enfrentar la carga burocrática que conlleva.
La segunda son los tiempos asociados a la tramitación administrativa y judicial. El mejor ejemplo en contrario son los tiempos fi jados en el proceso del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y que, con aspectos aún mejorables, ha traído una claridad mucho mayor que la del promedio de procesos que se deben llevar a cabo para obtener un permiso por parte del Estado. De ahí que es fácil ver que, luego de ese proceso, la reclamación administrativa o judicial puede arrastrar a un circuito sin salida de rechazos y vueltas a procesar, sin limitaciones de plazo ni opción de reclamar por los tiempos involucrados.
Lo mismo ocurre con la fiscalización ambiental, la cual debe decirse ha mejorado ostensiblemente en los últimos años, y con la obtención efectiva de una reparación ambiental en los casos que se determina que hay daño y responsabilidad.
¿Cuánto afecta la incertidumbre de falta de regulación y transparencia en la disponibilidad de información?
Es difícil encontrar cifras adecuadas para el análisis, lo cual en parte puede atribuirse a la falta de madurez de las instituciones en cuanto a su reportabilidad. Es un hecho que hoy tenemos datos fiables respecto de los tiempos de tramitación administrativa en el SEIA, pero luego queda mucho menos claro qué ocurre en la etapa de reclamación administrativa.
Esta incertidumbre afecta las inversiones en dos aristas. A los grandes proyectos les genera una carga financiera que los encarece, aunque probablemente cuentan con recursos para asumirlo; en el caso de los pequeños y medianos, los hace inviables pues conseguir los equipos especializados para hacer frente a las exigencias de la administración no está dentro de sus posibilidades. Esto último es especialmente preocupante, pues genera espacios de relativización del cumplimiento y abre dudas sobre la necesidad de las exigencias.
Por otra parte, aunque tenemos un sistema que promueve la transparencia en la disponibilidad de información ambiental, resulta tan compleja que es inabordable para la comunidad y genera desconcierto y mayor conflictividad. La sola transparencia sin esfuerzos por lograr que la comunicación de estos datos sea efectiva es un problema creciente en la medida que los sistemas se hacen complejos. Quizás una prueba de esto es que la comunidad pide más procesos de participación ciudadana, o sea, pide participar más del SEIA y no lo opuesto, como una forma de incidir sobre el desarrollo de proyectos, lo cual tiene la evidente limitación de tratarse sólo de situaciones nuevas y no de problemáticas, en especial aquellas de larga data.
¿Qué propones para mejorar el actual estado del arte en regulación?
Lo primero que propondría es mejorar la disponibilidad de información y de indicadores que den cuenta de la gestión, no sólo de los actores individuales como las empresas, sino que también del impacto esperado y que producen las nuevas exigencias de carácter ambiental, el rendimiento en el uso de los recursos y los tiempos de gestión en materia ambiental, tanto administrativa como judicial.
Un aspecto crítico respecto de las demandas ciudadanas me parece que es, precisamente, la gestión de zonas contaminadas y los pasivos ambientales. Cuánto se repara, cómo se está logrando, en cuántos casos se identifican responsables y cómo se da seguimiento me parece que es clave para alinear las expectativas de la ciudadanía con la política pública. Leer más
