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Aunque la electricidad representa solo el 23% de la energía final consumida en Chile, nuestra vida diaria depende completamente de ella. El transporte masivo funciona con Metro y ferrocarriles eléctricos, los semáforos regulan el tránsito, y la comunicación depende de celulares, computadores y televisores. El pasado 25 de febrero, el país quedó a oscuras. No fue solo un problema técnico: afectó profundamente la rutina diaria, generando un impacto social, económico y político, con estado de excepción y toque de queda nocturno. En zonas rurales, donde los cortes son frecuentes, la gente está más preparada. Pero en las ciudades, donde el servicio suele ser confiable, un apagón prolongado es un evento extraordinario.
El apagón total del Sistema Eléctrico Nacional, desde Arica hasta Chiloé, afectó al 90% de la población y se debió a una falla de software. Tras perder comunicación, el sistema quedó solo con respaldo auxiliar en una línea de 500 kV, propiedad de Isa Interchile (empresa estatal colombiana) en la IV Región. Al intentar restablecerla, se interrumpió la transmisión eléctrica. La reacción a estos eventos es automática y ocurre en fracciones de segundo (sin operadores manuales). Si los sistemas de emergencia fallan, se provoca una desconexión en cadena y se produce un apagón total. Aunque el evento inicial se corrigió en 44 minutos, restaurar el servicio tomó muchas horas.
El restablecimiento reveló las limitaciones de la creciente Generación Renovable Interrumpible. Estas fuentes carecen de "reserva de giro", es decir, la inercia mecánica de las pesadas turbinas que amortiguan perturbaciones en la red. Un panel solar se desconecta ante una alteración definida y requiere una red activa para sincronizarse nuevamente. Esto significa que, en un colapso total, las fuentes solares y eólicas quedan inoperativas hasta que el resto de la red vuelva a energizarse. En el momento del apagón, el 80% de la generación provenía de energías renovables, pero sin modernos inversores "grid forming" no pueden reiniciar un sistema apagado. Los más de 800MW en almacenamiento en baterías electroquímicas no aportaron.
Lenta recuperación: Los operadores enfrentaron imprevistos: fallas en las comunicaciones, pérdida de 10 sistemas SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) a cargo de Transelec (empresa con participación de fondos canadienses y una estatal china) lo que dejó a los operadores sin información en tiempo real, fallas en los equipos de arranque en negro, errores humanos y limitaciones en la generación de las centrales activas antes del colapso. A esto se sumaron dificultades en la coordinación de equipos en distintos puntos del sistema. La restauración dependió de las criticadas centrales térmicas y antiguas hidroeléctricas, que, pese a sus desventajas ambientales, demostraron ser esenciales en la recuperación. Los usuarios pagan USD 57 millones anualmente para el funcionamiento del Coordinador Eléctrico Nacional, CNE, y esto fue un desastre colectivo que expuso la vulnerabilidad del sistema ante eventos inesperados. La responsabilidad es compartida entre las empresas, el Coordinador Eléctrico Nacional y el Gobierno. Las investigaciones nacionales e internacionales están en pleno desarrollo. ¿Habrá sanciones para los todos los involucrados?
Por ahora se está castigando severamente los generadores renovables de la zona norte. El CNE limitó la transferencia en la línea afectada a sólo 1.000MW, la mitad de la capacidad nominal. Con ello el vertimiento -la generación que no es producida por motivos de estabilidad en el sistema- se disparará más allá del 15% promedio actual. O sea, aumentarán los vertimientos de las baratas renovables y algunos consumidores pagarán caro por los combustibles en las termoeléctricas que las tienen que sustituir.
A largo plazo las renovables tienden a tener un costo marginal cero (siempre que no le apliquemos un impuesto al sol y al viento…), pero requieren de inversiones adicionales en infraestructura y servicios complementarios. Las limpias y necesarias ENERGÍAS RENOVABLES intermitentes sin una red de TRANSMISIÓN robusta y un ALMACENAMIENTO masivo seguirán generando inestabilidad y dependerán de fuentes tradicionales, como el carbón y los embalses, para el restablecimiento de la red.
Modernizar y reforzar la transmisión es costoso, y nadie quiere admitirlo en año electoral, menos cuando ahora en el Congreso se discute la subvención masiva para compensar el congelamiento tarifario de cuatro años y medio atrás. Para construir el futuro tenemos que publicar la verdad sobre nuestra actual infraestructura eléctrica, y definir los costos de un sistema realmente estable y sostenible. Nada es gratuito, así que la pregunta es: ¿quién define el nivel de confiabilidad y resiliencia aceptable para la sociedad a la luz de estos acontecimientos?