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Comencemos recordando que Chile, conforme al Análisis de Riesgo Global elaborado por el Banco Mundial, es uno de los países miembros de la OCDE más expuestos a desastres de origen natural con el 54% de su población y el 12% del área total afecta a 3 o más tipos de amenazas. Las consecuencias de esta condición se manifiestan en dimensiones y escalas que impactan a toda la sociedad y comprometen el desarrollo sostenible del país.
La exposición a las amenazas naturales de origen geológico se debe a que el país se encuentra ubicado en el margen oriental del cinturón de fuego del Pacífico, por lo que presenta una de las actividades volcánicas (asociadas al arco volcánico andino) y sísmicas más altas del mundo (mayor diversidad de fuentes sismogénicas). A ello, se debe agregar que conforme a lo que establece el Panorama de los Riesgos Globales 2020 elaborado por el Foro Económico Mundial, con relación a que los riesgos de más alta probabilidad de ocurrencia y de mayor impacto serán aquellos asociados a eventos climáticos extremos y ante los cuales nuestro territorio, de acuerdo con la Convención del Marco de NU sobre Cambio Climático, es calificado como “altamente vulnerable” ya que cumple 7 de los 9 criterios de vulnerabilidad.
Nuestro país, de acuerdo con sus características geográficas, económicas y culturales, ha enfrentado las manifestaciones de estas y otras amenazas, con la estructura del Estado y con la acción coordinada de los integrantes del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SINAPRED) que aportan capacidades en todas las fases del ciclo del riesgo, siendo este sistema asesorado por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) y dirigidos por las respectivas autoridades que presiden los COGRID.
Un punto de inflexión en tiempos recientes dentro de nuestra historia de desastres y catástrofes fue el terremoto / tsunami de Cobquecura magnitud 8.8 del 27 de febrero de 2010 (27/F), el cual ocasionó una gran afectación producto de las intensidades del terremoto y magnitud del tsunami destructivo. Lo anterior, implicó que Chile solicitara al Sistema de Naciones Unidas (SNU) la concurrencia de una misión interagencial de expertos para que evaluaran el estado del arte de la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) en nuestro país. Dicho trabajo de análisis, recopilación de testimonios y antecedentes decantó en la elaboración del informe diagnóstico titulado “La Situación de la RRD en Chile”, el que proponía 75 recomendaciones.
Dicho diagnóstico, obligó a replantearse el posicionamiento del SNPC en lo general y de la entonces ONEMI en lo particular, estableciéndose una estrategia que buscará primeramente su fortalecimiento preventivo y de respuesta para superar la contingencia (2010 – 2012); seguidamente, integrará, estandarizada y sistematizada los desarrollos esenciales alcanzados, fortaleciendo las acciones para transformar comunidades vulnerables en resilientes, así también, en el desarrollo de capacidades tecnológicas en el monitoreo, alerta temprana y respuesta operativa (2013 – 2016); para posteriormente, desarrollar capacidades vinculadas a una gobernanza sustentada en una institucionalidad, que tuviera como hoja de ruta el consolidar los avances bajo el concepto de desarrollo continuo, conjuntamente con determinar cuáles son los desafíos futuros (2017 – 2030). Lo indicado, permitió que se instalará una gestión integral para lograr la RRD, sustentado en estándares internacionales y velando porque el enfoque se concretará de manera transversal en los distintos sectores y niveles territoriales del país.
Con ello, se enfrentó en estos últimos años grandes emergencias derivadas de la activación de diversas amenazas geológicas, meteorológicas y antrópicas con un alto impacto en los centros poblados, dentro de ello, dos terremotos tsunami sobre magnitud 8.2 Richter (y sus respectivos tsunamis derivados), dejando en evidencia la subsanación de gran parte las falencias detectadas el 27/F. Sin embargo, dada la exposición a las amenazas actuales y futuras que presenta nuestro país, dicho crecimiento alcanzó un punto de inflexión que sin duda debió haberse fortalecido, a través de la actual implementación de la ley 21.364. Pero claramente esto no ha sucedido tal como se esperaba, y como se planteó.
El decretar zona de catástrofe y estado de excepción constitucional cada vez que tenemos una emergencia está dejando de ser una “excepción” y deja en evidencia que los recursos habituales del estado no son suficiente y se deben tomar medidas extraordinarias, como por ejemplo entregar mayor cantidad de medios humanos y materiales, hacer los sistemas de abastecimientos más expeditos, tratos directos con proveedores entre otros.
En general el enfrentar este nivel de emergencia siempre es complejo, zonas muy amplias, familias y personas extremadamente vulnerables sufren las peores consecuencias, y esto es peor aún, cuando la emergencia continúa por muchos días, es decir se atiende la emergencia, pero por otra parte está aún se prolonga en el tiempo.
Al ver esto, lo lógico sería pensar que la Reducción del Riesgo de Desastres (RRD) debería ser una prioridad de Estado, en todo momento y no sólo cuando ocurren las emergencias.
Es importante marcar el punto, si bien estas emergencias y catástrofes no son 100% originadas por el cambio climático, esto hace que las emergencias sean llevadas a los límites y que compliquen cada vez más los umbrales y periodos de retorno. En el pasado también ocurrían eventos importantes, pero hoy se presentan con mayor periodicidad llegando a niveles cada vez más altos.
Teniendo todo esto consideración, en paralelo hay que ir trabajando todas las medidas de prevención y mitigación y eso es lento y va a tomar bastante tiempo debido a que se deben tener los mapas de amenaza, levantamientos de sectores vulnerables, el nivel de exposición y las capacidades disponibles. Recién cuando tengamos todo esto, se podrían construir los mapas de riesgo.
Esto que en apariencia y en teoría pudiera parecer muy sencillo no lo es, por distintos aspectos; uno la falta de recursos que se requieren para que los organismos técnicos realicen los mapas de amenazas y por otra parte, que el organismo técnico encargado de los mapas de riesgo no cuenta con todo el personal y recursos necesario para realizar este trabajo.
Lo complejo es que vemos a través del tiempo que las emergencias vuelven a ocurrir en los mismos sectores. Esto es debido a que no se hace un análisis completo, en forma transversal y amplio de todas las amenazas. Se siguen atendiendo en compartimento estanco, sin una visión de conjunto. Cada organismo técnico presenta en forma sectorial sus necesidades y también a los Gobiernos Regionales sin existir un articulador que dé los lineamientos específicos.
