Incendios en residencias de adultos mayores: una tragedia anunciada.

Los Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores (ELEAM) alojan personas que dependen completamente del entorno para sobrevivir, muchas de ellas postradas, con movilidad reducida, dependientes y con deterioro cognitivo. Sin embargo, en Chile estos recintos operan bajo estándares de seguridad contra incendios que no corresponden a su nivel de riesgo.

El único requisito explícito en materia de incendios es un certificado genérico emitido por un prevencionista o por Bomberos. No existe un estándar técnico definido: cada profesional interpreta el cumplimiento según su propio criterio. La autoridad sanitaria revisa ventilación, iluminación, higiene de los espacios y manipulación de alimentos, pero no evalúa detección temprana, aviso oportuno, combustibilidad del alhajamiento ni reacción al fuego de los materiales.

Los ELEAM no están obligados a utilizar materiales sometidos a ensayos de reacción al fuego. Esto significa que mobiliario, cortinas, revestimientos, paneles pueden presentar alta combustibilidad, generación intensa de humo y rápida propagación de llama, sin que la autoridad lo evalúe ni lo limite. En recintos donde la evacuación es asistida y el tiempo disponible para evacuar es mínimo, la reacción al fuego de los materiales es determinante. Sin embargo, hoy no existe ninguna exigencia que obligue a los a utilizar productos certificados o a demostrar su comportamiento frente al fuego mediante ensayos reconocidos.

Un dato estructural confirma la magnitud del problema: según registros del Servicio Médico Legal, los fallecimientos por exposición a fuego no controlado en edificios u otras construcciones tienen una mayor incidencia en personas mayores de 65 años, quienes representan el 40% de todas las víctimas. Es decir, cuatro de cada diez muertes por incendios estructurales en Chile ocurren precisamente en el grupo etario que habita los ELEAM.

Un antecedente adicional agrava el panorama. Según el catastro actualizado del MINSAL tras el incendio del ELEAM “El Edén” de Pitrufquén, el recinto acumulaba cinco sumarios desde 2019 y mantenía su autorización sanitaria en trámite, pese a alojar residentes dependientes. El informe agrega que existen 993 ELEAM con resolución sanitaria vigente, más de la mitad en la Región Metropolitana y no existen datos oficiales sobre recintos sin autorización, “residencias clandestinas”. El sistema permite que establecimientos con observaciones pendientes, brechas en infraestructura y deficiencias en seguridad sigan funcionando mientras “regularizan” su situación.

El contraste con los nuevos ELEAM financiados con inversión pública es evidente: incorporan detección automática, alarmas audibles, sectorización y materiales con clasificación de resistencia al fuego. El Estado reconoce que estos recintos requieren estándares superiores, pero ese reconocimiento no alcanza a los establecimientos existentes ni a los privados, que siguen operando sin exigencias equivalentes.

Las consecuencias de esta brecha ya están documentadas en tragedias que marcaron al país. El incendio del “Hogar Santa Marta” de Chiguayante en 2018, con 10 mujeres fallecidas, y el reciente siniestro del “ELEAM El Edén” en Pitrufquén, con 16 víctimas, comparten un patrón: recintos que operaban legalmente, sin sistemas de detección, sin alarma, sin compartimentación y sin rociadores. Ambos cumplían la normativa. Ambos carecían de protección real.

La pregunta es inevitable: ¿cuántas vidas más deben perderse para que Chile incorpore estándares mínimos obligatorios de seguridad contra incendios en todos los ELEAM, no solo en los nuevos? La ausencia de exigencias técnicas convierte cada noche en una ruleta rusa para cientos de residentes en todo el país.