El nombramiento reciente de la Ministra de Obras Públicas, Jessica López Saffie, una mujer de incuestionable preparación, experiencia y valores, ha alegrado mucho al sector. Empezábamos a perder la esperanza en el impulso definitivo a la inversión en infraestructura, observando con impotencia a las empresas que se quedaban por el camino -y sus trabajadores- en una crisis de alza de precios, intereses, incertidumbres, anuncios no materializados y atrasos en contratos que no daban tregua.
La destacada economista titular conoce las restricciones presupuestarias y el compromiso de Hacienda de mantener la responsabilidad fiscal. Aun así, participará activamente en el impulso de la cartera. Un rol fundamental jugará el mecanismo de asociación público privada y la cartera de concesiones. No es una misión sencilla reactivar proyectos que trascienden legislaturas.
Las Concesiones no dejan de ser un mecanismo que el Estado dispone para financiar la construcción y operación de proyectos. No es buena o mala “per se”. Los contratos de concesión han servido a los países como Chile, Australia o Canadá a generar mucho desarrollo y vertebrar lugares, y también ha habido casos y fracasos, porque no depende del mecanismo en sí, sino del diseño o reparto de riesgos entre las partes (Estado y concesionaria) para que el proyecto sea exitoso.
Incluso la palabra concesión genera controversia política, porque lo equiparan a una privatización. Nada más lejos de la realidad. La infraestructura nunca deja de ser del Estado, quien debe velar por la correcta construcción y mantenimiento, además, de fiscalizar el contrato bajo las más estrictas normas de transparencia.
¿Cuál es la génesis de los grandes proyectos? Una idea o la más evidente necesidad de provisión de servicios a la ciudadanía. Puede surgir del Estado (iniciativa pública) o del particular (iniciativa privada). Puede financiarse con cargo a presupuesto público vía impuestos -lo que comúnmente llamamos obra pública- o puede financiarlo la empresa encargada de diseñar, construir y operar la infraestructura. A esto último se llama concesión de obra pública -también llamada alianza público privada-. Los proyectos concesionados tienen una característica particular: son levantados con financiación “sin recurso”, lo que significa que los mismos proyectos deben generar el flujo de caja necesario para el pago de la deuda y además una rentabilidad razonable de la inversión -nunca será desorbitada si el análisis del proyecto es el adecuado, ni insuficiente porque no atraería la participación del privado en el proyecto-. El flujo de caja de la concesionaria se genera a partir de ingresos o tarifas -en el caso de las autopistas, los peajes-. Y de requerirse, un subsidio a la construcción o a la operación, que evite que las tarifas se eleven por encima de lo socialmente aceptable.
Chile ha sido ejemplo mundial porque desde finales de los 90 generó un marco regulatorio, financiero, técnico y político idóneo para el desarrollo de grandes proyectos de infraestructura. Además, hubo consenso público en aprovechar la disposición a pago del usuario, que entendió el pago por uso como alternativa al pago por impuestos. Publicaciones internacionales como las del Banco Mundial, BID y medios de prensa económica como The Economist han alabado las bondades del sistema nacional, ubicándolo entre los mejores del mundo. Sin embargo, una Dirección General de Concesiones con los mismos recursos, pero más de 85 proyectos después que gestionar y fiscalizar, motivó una ralentización de la inversión, mientras la demanda de infraestructura crecía a los ritmos que lo hacía, por ejemplo, el parque automovilístico. Las personas empezaron a pagar tarifas por servicios de menor calidad o vías saturadas. Y llegó el descontento, la diferencia territorial y estudios acumulados en las mesas de los revisores, sin ver la luz a su debido tiempo, porque la visión política tiende a ser cortoplacista, y se priorizan las urgencias sobre la necesidad.
Por delante tenemos el desafío entre lo público y lo privado de incentivar las ideas o grandes proyectos, destrabar los estudios tradicionales de la cartera como los de vialidad segura y de calidad respetando el medio ambiente, orientar el servicio no solamente al usuario, sino también a las comunidades en donde se ubican, transparentar el mecanismo de iniciativa pública y privada a la ciudadanía, levantar soluciones como la desalación multipropósito que se hagan cargo de las negativas consecuencias del cambio climático, y en definitiva, generar desarrollo y puestos de trabajo. Leer más
