La pregunta da cuenta de la tensión que existe entre dos objetivos prioritarios de política pública. Por un lado, la necesidad de fomentar el desarrollo de inversiones como condición para impulsar el crecimiento económico. Por el otro, la búsqueda de la protección adecuada de aspectos fundamentales para el desarrollo de una sociedad moderna, como la salud de la población y la protección del medio ambiente, entre otros.
En ese contexto, se pueden dar dos respuestas que dependen del alcance que le demos al concepto de “permisología”.
Si por ella entendemos una maraña regulatoria ineficiente y sin mayor lógica, que enmarca a un proceso cada vez más imprevisible en términos de tiempo y recursos asociados, ciertamente las condiciones requeridas para el desarrollo y crecimiento no existen.
Por el otro lado, si la entendemos como un conjunto de regulaciones que salvaguarden de manera adecuada objetos de protección relevantes para una sociedad a través del control ex ante de actividades que involucran un riesgo para ellos, los permisos se convierten en un aliado esencial para dicho desarrollo y crecimiento.
Contar con una permisología de este tipo, requiere del cumplimiento de dos condiciones esenciales. Por un lado, los permisos deben ser efectivos. Ello se evidencia cuando aseguran de manera adecuada los objetivos de protección que justifican su existencia. Es importante recordar que los permisos son una herramienta y no un fin en sí mismos, y su razón de ser radica en la adecuada protección jurídica de los bienes y fines que motivaron su creación.
Junto con ello, deben ser eficientes. Esto significa que deben alcanzar su objetivo de protección generando los menores costos de transacción posibles, tanto para el Estado como para los agentes económicos que llevan a cabo los proyectos de inversión, ya sean de carácter público o privado.
Sin embargo, la tarea de contar con una permisología que cumpla estas condiciones no es tarea fácil. Existen ciertas características inherentes a las regulaciones en general, que hacen que el conjunto de permisos que enfrenta un proyecto de inversión tienda hacia la entropía y, en definitiva, hacia la ineficacia y la ineficiencia.
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Ello se explica, en primer lugar, porque tanto el diseño regulatorio, como su implementación y fiscalización, suelen realizarse de manera fragmentada, a cargo de órganos públicos responsables de un sector o materia determinada, lo que facilita la existencia de espacios de descoordinación e incluso contradicción entre ellos, por cuanto las aprobaciones respectivas responden a una lógica independiente o en la que cada órgano aporta una mirada sectorial sin un entendimiento del proyecto como un todo.
A ello se suma que las regulaciones tienden a acumularse a lo largo del tiempo, creando superposiciones e incluso contradicciones entre las nuevas normativas y aquellas que ya existen y que regulan directa o indirectamente la materia, y que nunca fueron expresamente derogadas.
Por último, las regulaciones no son estáticas. El alcance de una normativa de aplicación general tiende a mutar, a evolucionar y expandirse en el tiempo, al ir incorporando nuevos elementos, sea como consecuencia de nuevas interpretaciones contenidas en jurisprudencia judicial o administrativa o a través de los criterios que los propios servicios públicos van configurando al resolver casos concretos.
Como queda de manifiesto, tener permiso para el desarrollo y el crecimiento es una tarea que involucra una mirada atenta a los permisos aplicables, a través de revisiones periódicas que aseguren que ellos se mantengan alineados con la adecuada protección de los objetivos que justificaron su creación sin que ello se traduzca en la generación de cargas innecesarias para los regulados. Leer más
